*¿Ecos de la película presunto culpable?
El Pleno de la Cámara Alta aprobó la propuesta del senador René Arce, en la cual exhorta al Consejo de la Judicatura Federal y al Poder Judicial para que vigilen la actuación de los jueces y tribunales que intervienen en el conflicto de cooperativistas de Excélsior, para que dictaminen con apego a la legalidad y principios constitucionales y resuelvan de manera completa e imparcial este problema.
El legislador recordó que en diciembre de 1976, Regino Díaz Redondo llegó “impuesto” a la dirección del periódico Excélsior y con ello también asumió la presidencia del Consejo de Administración de la cooperativa y gerencia general de este diario.
No obstante, René Arce resaltó que durante la gestión de Díaz Redondo “se inició el declive editorial del que fuera el principal diario del país”, debido al saqueo y desvío de recursos otorgados por la banca comercial, fraude cometido contra el fisco y al Seguro Social, por lo que integrantes de la cooperativa se impusieron y lograron expulsar al ex director de su cargo.
Explicó que ante la situación financiera del periódico, el Sistema de Administración Tributaria embargó los bienes de la cooperativa, y sus integrantes “fueron empujados a aceptar una propuesta lesiva para vender los activos al Grupo Ángeles como comprador”.
Detalló que los cooperativistas de Excélsior interpusieron una demanda para pugnar la decisión y el pasado 12 de noviembre de 2009, el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa declaró nulas la convocatoria y las asambleas convocadas y acuerdos adoptados.
René Arce dijo que la sentencia ordenó la devolución de los bienes inmuebles y marcas de propiedad, pero avaló la compra de Grupo Ángeles, propiedad de Olegario Vázquez Raña, actual director de Excélsior, “porque consideró que se trató de una compra de buena fe”.
Ante esta situación, el senador presentó un punto de acuerdo para que el Consejo de la Judicatura Federal y al Poder Judicial revisen la actuación de jueces y tribunales involucrados en el asunto, para respetar la legalidad y el principio constitucional de que la justicia debe ser pronta y expedita, y sobre todo, “porque hay que considerar el valor que tiene el cooperativismo para el desarrollo del país”, puntualizó.