El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Óscar Martín Arce Paniagua se manifestó por analizar y revisar el recrudecimiento de la delincuencia organizada en épocas electorales, por lo que llamó a los gobernadores para que ellos en su orden y facultades atiendan el tema de la seguridad pública, “porque parece que todo viene a caer en el ámbito federal”.
Y añadió: “El reclamo directo es por qué sigue la inseguridad pública, pero se debe revisar en los estados en donde sigue circulando este tipo de gente y haciendo masacres como las que se han tenido en las últimas semanas. Estamos en contra y estaremos pendientes a algún llamado que se haga en ese sentido por parte del Ejecutivo o de los propios gobernadores”, agregó.
Arce Paniagua manifestó que se deben revisar estas olas de violencia, pues lo que hacen los cárteles muchas veces, -no estoy diciendo que en este caso lo es-, es que para cerrar el paso realizan ejecuciones masivas y lo que hace la autoridad va con toda la fuerza, cierra esos estados y los obligan a pasar por otros.
Ante ese panorama, el diputado presidente enfatizó que se debe de revisar qué es lo que está pasando en los estados, “eso -por supuesto, le compete al Ejecutivo Federal y local en sus áreas de inteligencia porque se han estado desatando en las últimas semanas esto que no había sido común en todo el año. Se dispara este tipo de ejecuciones y eso no es normal; hay que revisarlo”.
Recordó que Baja California fue una entidad que tuvo mucha violencia, que afortunadamente hoy vive una calma regular, “no total pero sí suficiente para estar nosotros, los bajacalifornianos, tranquilos en términos generales con la seguridad”.
Tal cambio, afirmó, se debió a la unidad de las autoridades y la sociedad civil, así como a la depuración de la policía municipal y judicial, pues “es la que tiene el mayor desplazamiento y la judicial en conjunto, son las anclas que siempre usa el crimen organizado para los avisos para los levantamientos”.
Destacó que cuando el estado y municipio hacen esa depuración, pero a la vez se coordinan con mandos muy certificados y la sociedad apoya, da como resultado un panorama de mayor seguridad.
En cuanto a la decisión del defensor de derechos humanos, padre Solalinde de abandonar el país, el diputado presidente rechazó cualquier cuestión en torno a que se le presione o se le amenace “para que él se sienta en peligro y abandone a México”.
Abundó que el padre Solalinde es una persona luchadora de los derechos humanos y se manifestó para que las autoridades locales y federales hagan las gestiones necesarias que le garanticen su seguridad, “y él vuelva a ejercer esta defensoría de derechos humanos de los migrantes”.