La senadora Gabriela Cuevas Barron pidió al Ejecutivo federal garantizar que se investiguen y castiguen las agresiones de las que han sido objeto diversos defensores de derechos humanos en el país.
Asimismo, exhortó a la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas implementar medidas de prevención y de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y hombres que defienden las garantías individuales.
“El estado de indefensión en el que se encuentran las y los defensores de los derechos humanos se recrudece en países como el nuestro, donde muchos de ellos tienen que enfrentar la difícil tarea de confrontar a estructuras de poder arraigadas y encumbradas en redes de impunidad, y que tienen como modo de operar el hostigamiento y la agresión hacia aquellas personas o colectivos que se oponen a sus intereses”, afirmó Cuevas Barron.
La senadora refirió que de acuerdo con cifras de organizaciones de la sociedad civil, del 1 de junio de 2012 al 1 de mayo del 2015 se reportaron por lo menos 918 casos de violaciones de los derechos humanos contra personas defensoras y periodistas en México.
Tan sólo del 1 de junio de 2014 al 31 de mayo de 2015, agregó, se registraron 248 casos en contra de personas en lo individual, 47 contra organizaciones y 35 en contra de comunidades.
Indicó que derivado del alto número de agresiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado al gobierno la aplicación de medidas cautelares en 11 casos, mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió nueve medidas de este tipo.
Siendo la más reciente, añadió, la del pasado 8 de marzo en favor de Gustavo Castro Soto, defensor de los derechos humanos, quien sufrió agresiones al presenciar el homicidio de la activista hondureña Berta Cáceres.
No obstante que el Estado mexicano dio un paso firme para combatir las agresiones en contra de los defensores al expedir la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dijo, las cifras “evidencian la tendencia a silenciar a través de la violencia las voces de las y los defensores de los derechos humanos, con lo cual se perpetúa la impunidad y se desdibuja el ideal de conseguir verdad y justicia”, afirmó Cuevas Barron.
Recordó que en el último informe de la CIDH sobre la “Situación de derechos humanos en México” se constata que las defensoras y defensores continúan siendo objeto de graves situaciones que amenazan sus derechos. Sin embargo, añadió, la postura del gobierno mexicano frente a dicho informe fue la descalificación por “no reflejar la situación real del país”.
“Esta situación vuelve a demostrar que no existe una disposición de las autoridades mexicanas competentes para reconocer la gravedad de la situación en la que vivimos en materia de protección y defensa de los derechos humanos”, señaló la senadora del PAN.
Por tales razones, desde el Senado de la República, es indispensable establecer límites a la postura poco deseable del gobierno ante el Informe de la CIDH, pues más allá de tomar partido por una u otra versión, se debe reconocer la situación de gravedad que enfrentan los defensores para realizar su trabajo, dijo.
Y lo más importante, exigir a las autoridades competentes, como es el caso de la Secretaría de Gobernación, conducirse con firmeza para atender estas recomendaciones, y no así evadirlas o descalificarlas, afirmó.
La propuesta de la senadora panista se turnó a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis y dictamen correspondiente.