Con el recorte presupuestal se vulnera la posibilidad de cumplir con el término constitucional del Programa de Trabajo para la Transición Digital Terrestre (TDT), establecido para el 31 de diciembre de 2015, advirtió la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, al solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) un informe pormenorizado al respecto.
No cumplir con el término constitucional genera el riesgo de que un importante sector de la población no tenga acceso a la programación televisiva pues, según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la TDT busca que el público cuente con un receptor de televisión digital o, en su defecto, con un equipo decodificador, capaz de convertir las señales de televisión digital en señales analógicas que puedan ser captadas y reproducidas por sus aparatos analógicos.
La TDT permitirá, además, acceso a la transmisión de datos asociados o no a señales de televisión --como a las bibliotecas digitales--, a servicios de telefonía móvil e internet, y a programas de nuevos proveedores de televisión abierta.
En punto de acuerdo, turnado a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, la presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía apuntó que el programa de transición digital disminuyó su meta de entrega de televisores digitales, de 13 millones a 10 millones, a las familias de menores recursos.
La causa de esa reducción es el ajuste presupuestal, anunciado el pasado 30 de enero, con el que la SCT vio disminuido en 9.37 por ciento su presupuesto inicial, que pasó de 126 mil 146 millones de pesos, a 114 mil 326 millones.
El Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 indica que esta dependencia asignaría siete mil 737 millones de pesos a proyectos como el sistema satelital, la ampliación de cobertura social para la reducción de la brecha digital, así como a la transición a la Televisión Digital Terrestre.
Barrales Magdaleno subrayó que esta situación es grave, pues la transición digital representa una base importante para el desarrollo de la economía nacional, y este programa atiende el mandato Constitucional de contribuir al desarrollo social, fomentar la igualdad de oportunidades entre la población y propiciar el acceso a la sociedad de la información y el conocimiento.