La senadora Luz María Beristain Navarrete, del Partido de la Revolución Democrática, solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizar un estudio para determinar el impacto ambiental ocasionado por la Empresa Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita, SA de CV, en la comunidad Hñahñu, en el estado de Hidalgo.
Explicó que líderes de dicha comunidad han denunciado que esa empresa cementera funciona presuntamente con severas irregularidades a la normatividad ambiental obligadas para su funcionamiento.
Beristain Navarrete indicó que esta comunidad está preocupada por la salud física de sus habitantes, ya que con la actividad de esta empresa se pone en riesgo el medio ambiente y por ende el bienestar de la población.
“La quema de combustibles fósiles y producción de cemento son los principales emisores de CO2, notable responsable del cambio climático. Debido a esto, la cementera debe funcionar bajo las normativas que regulan este tipo de industria para prever problemas de salud a la comunidad Hñahñu”, agregó.
Señaló que esta comunidad indígena es de bajos recursos económicos y su único sustento es a través del correcto funcionamiento del ecosistema, porque viven de lo que cultivan.
Por lo tanto, “es necesario regularizar a esta cementera para que no siga causando un menoscabo al ecosistema y por lo tanto a la comunidad”.
Mediante un Punto de Acuerdo, la legisladora por Quintana Roo señaló que entre las obligaciones que tiene el Estado está el garantizar la salud, así como brindar y garantizar los servicios públicos, entre ellos el servicio de agua potable, “el cual se pone en riesgo ya que dicha empresa utiliza una gran cantidad de este líquido vital”.
Por ello, solicitó a la Comisión Permanente que se exhorte Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar un estudio concreto en coadyuvancia con la UNAM, el IPN y otras instituciones académicas, a la Empresa Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita, SA de CV, para determinar el impacto ambiental que está causando en la zona.
Asimismo, pidió que la Secretaría de Desarrollo Social realice el análisis respectivo para implementar programas sociales, principalmente 70 y Más, Opciones Productivas, Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y los demás aplicables en beneficio de la comunidad indígena Hñahñu.
Comentó que el artículo segundo de la Constitución Política es el principal fundamento legal en el cual se expresa porque debemos preservar nuestras etnias, considerando a las comunidades indígenas como entidades de interés público.
“Es un deber preservarlas e incluirlas a su mismo desarrollo, fomentando mecanismos de inclusión, en donde se creen fuentes de empleo, se mejore la calidad de vida y sobre todo de desarrollo, donde se conserven sus tradiciones y todo lo que implica su cultura tan antigua y extensa, para esta comunidad que ya está siendo afectada de forma grave en su manera de subsistir y vivir” concluyó.