Diputados federales avalaron un punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, investigue de forma exhaustiva las violaciones a los derechos humanos en el caso de la masacre de 72 personas migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.
Pide se reponga el procedimiento de investigación de esta masacre y se garantice una actuación bajo el estándar más alto de protección de los derechos humanos de las víctimas en sus investigaciones; se documenten y escuchen todos los testimonios de las mismas, verificando con las organizaciones de la sociedad civil y comités que las acompañan, el protocolo para la realización de las entrevistas.
Asimismo, que se respeten sus derechos como afectados y se señale si existe responsabilidad directa del Estado por la masacre, o por violación a las garantías generales de protección, de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, vinculados con el artículo 1 Constitucional.
Además, demanda que se puntualicen los criterios específicos para la atención, apoyo y reparación del daño individualizado para cada uno de los migrantes sacrificados, de conformidad con la Ley General de Víctimas, el artículo 63 de Convención Americana sobre Derechos Humanos y sus criterios jurisprudenciales, y que las procuradurías encargadas de la investigación penal, sigan las normas de la Corte Interamericana para poder procesar y sancionar a los perpetradores de la masacre.
De igual manera, se solicita a la CNDH que en virtud de la situación de riesgo y falta de acceso a la justicia que enfrentan las personas migrantes, se establezca un protocolo de actuación, el cual sea construido de la mano de las víctimas y de la sociedad civil, a fin de que garantice que las víctimas directas e indirectas puedan acceder a los procedimientos de investigación de violaciones a derechos humanos, independientemente del país donde se encuentren.
Por último requiere a este organismo a que, de manera urgente, reciba a una comisión representativa de las 278 dependencias, instituciones, organismos, organizaciones y personas que han dado seguimiento a este caso, y se les den respuestas sobre el proceso de investigación que derivó en la recomendación 80/2013 de 23 de diciembre de 2013.