La senadora Adriana Dávila Fernández solicitó el apoyo de todos los legisladores para exhortar a la Procuraduría General de la República a que ejerza la facultad de atracción enla investigación y persecución de los delitos relativos a la trata de personas por la venta de bebés en Sonora, donde se encuentran inmiscuidos servidores públicos estatales.
La legisladora consideró de extrema gravedad lo que se está descubriendo en aquella entidad fronteriza con Estados Unidos y dijo que el Congreso federal no puede permanecer ajeno a este delicado asunto.
El punto de acuerdo lo presentó desde la tribuna parlamentaria y dijo que “cualquier noticia que denuncie hechos que atenten no sólo contra la dignidad de la niñez, sino contra mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad, llama nuestra atención y reclama acciones concretas para castigar a los culpables y que eviten impunidad, sobre todo si se involucran servidores públicos”.
Añadió que tal es el caso de hechos criminales que se conocen desde la semana pasada, relacionados con el delito de trata de personas, como es la venta de menores de edad en el estado de Sonora, en los que presuntamente se encuentra involucrado personal del sistema estatal de Desarrollo Integral de la Familia.
Indicó que después de un proceso de investigación, fue descubierta una banda de traficantes de menores de edad, en la que participaron servidores públicos, en un claro abuso de sus cargos, al utilizar información de mujeres embarazadas y fungir, por un lado, como intermediarios en la venta de recién nacidos, gestores que agilizaban trámites para parejas en lista de espera para adopción, y por el otro, se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad de esas mujeres para presionarlas, persuadirlas y convencerlas de entregar a sus bebés a cambio de una retribución económica.
Puntualizó que se encontraron registros ilegales desde 2012, como si los bebés fueran hijos biológicos de esas parejas. “Eso sin duda es lucrar con las personas”, exclamó la legisladora.
Pero el asunto se torna mucho más grave, si se toma en cuenta que el 26 de marzo de este año, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos envió al procurador de Justicia del estado de Sonora, y a otras instancias, una comunicación en la que además de hacer referencia a la cooperación entre gobiernos para el combate de delitos trasnacionales, por medio de una fuente confidencial, le informó acerca de un grupo de personas que dedicadas a la venta de recién nacidos, tanto a parejas mexicanas como estadounidenses, forman una compleja red internacional.
Hasta ahora se han recuperado –de acuerdo a información pública-- nueve bebés y se tienen consignadas a 16 personas presuntamente involucradas en los delitos de sustracción y tráfico de menores, dos servidores públicos y 14 son parejas y madres solteras que se supone recibieron fuertes sumas de dinero desde 80 y hasta 150 mil pesos por la obtención ilegal de un bebé.
El procurador estatal de Justicia ha declarado que en muchas ocasiones, los bebés fueron trasladados a Estados Unidos, por lo que tal delito y sus efectos han traspasado las fronteras de nuestro país.
Por ello, desde esta tribuna, la senadora solicitó que se dé seguimiento a la línea de investigación por trata de personas transnacional, más los delitos de explotación que resulten.