Es necesario constituir una base de datos de niñas, niños y adolescentes sin compañía que sean repatriados de Estados Unidos, que incluya información sobre cualquier abuso de agentes fronterizos, a fin de promover su protección más allá de la reunificación familiar.
Mediante un exhorto a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), del Instituto Nacional de Migración (INM) y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Cámara de Diputados planteó en su última sesión del Pleno que dicha base de datos debe ser confiable, integral y compartida entre esas instancias.
Se menciona que la migración infantil ha aumentado y no se han aplicado medidas adecuadas que protejan el interés superior de los menores migrantes, quienes durante su recorrido enfrentan engaños, maltratos, violaciones, explotación; incluso, se han reportado casos de reclutamiento por la delincuencia organizada para que cometan diversos delitos.
El documento refiere que México es el segundo lugar mundial en la comisión del delito de tráfico de personas, superado sólo por Tailandia y de acuerdo con información de la Procuraduría General de la República, en 18 estados del país se concentra 90 por ciento del tráfico de personas, siendo Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero los más afectados.
“Hay un creciente y penoso protagonismo de México ante un complejo fenómeno migratorio que tiene en el tráfico de adultos y de menores una de sus vertientes más perniciosas, vulnera la dignidad humana y les somete a niveles extremos de degradación, como explotación sexual, trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos”.
Además, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), éste es uno de los negocios más lucrativos del crimen organizado, cuyas ganancias anuales ascienden a más de 30 mil millones de dólares en el mundo y victimiza a 4 millones de personas, principalmente adultas, niñas y niños.
“Faltan políticas públicas y sociales que protejan y atiendan a las víctimas, en especial a niños y adolescentes; desactiven la complicidad, y condenen la indolencia que fomenta la comisión del delito”, indica la OIT.
De ahí la necesidad de desarrollar un registro integral de menores que intentan cruzar la frontera norte del país sin compañía de un adulto, que promueva su protección más allá de la reunificación familiar.
La base de datos deberá incluir información biométrica, objeto del traslado, situación de la detención, lugar de origen, ciudades, rutas de acceso, sitios donde ha sido detenido y repatriado e historial familiar.
Ello permitiría recopilar toda la información posible para estudiar y ampliar el conocimiento del fenómeno de menores mexicanos sin compañía que buscan cruzar la frontera norte, a fin de determinar con mayor precisión las políticas orientadas a protegerlos
Además, se reconoce la necesidad de implantar y homologar protocolos que comprometan a las dependencias mexicanas encargadas de recibir a los menores repatriados, a asumir una custodia con más sentido humano y uniformar la normativa de los albergues responsabilidad del INM, el DIF o asociaciones privadas que atienden y protegen a los menores.
Se explica que en 2010 se conocieron 15 mil 540 historias de niñas y niños mexicanos que intentaron cruzar a Estados Unidos sin lograrlo; en 2011, el gobierno estadounidense entregó México a 14 mil 237 niños migrantes no acompañados, de los cuales once mil 520 eran mexicanos y dos mil 717 de otras nacionalidades.
“La tendencia va en aumento y no sólo en México; por ejemplo, en los primeros seis meses de ese año Estados Unidos detuvo a 10 mil 5 niños, niñas y adolescentes no acompañados lo que representa más del doble que el año anterior”.
La migración, describe el documento, es un fenómeno social en el que intervienen causas económicas, sociales, políticas y culturales; es un problema mundial que se incrementa y repercute en la sociedad, la familia y de manera particular en mujeres, niñas y niños que tienen una participación cada vez mayor.
De igual forma, destaca que el Estado debe mejorar las condiciones de estancia en los centros de detención en tanto los menores se canalizan a las instituciones correspondientes, e implantar mecanismos alternativos a la detención, por otros más efectivos y eficientes para proteger y respetar los derechos humanos de la niñez migrante.