El diputado Pedro Ávila Nevárez impulsa una iniciativa para que los titulares de concesiones mineras garanticen salarios mínimos profesionales a sus trabajadores, así como los servicios de salud necesarios que resulten de dicha actividad, independientemente de los contratos colectivos de trabajo.
Las reformas al artículo 27 de la Ley Minera, que analizan las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público, buscan cumplir dicho objetivo y que el no acatamiento será motivo de la suspensión de la concesión, por una vez, y de la cancelación definitiva por parte de la Secretaría de Trabajo en caso de reincidencia.
Al mes de julio de 2010, resaltó, el empleo en la industria minero metalúrgica fue de 285 mil 858 trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, cifra superior en 6.8 por ciento respecto al mismo periodo de 2009.
Mencionó que no todos los trabajadores mineros se encuentran afiliados al IMSS e incluso su paga dista mucho de estar bien remunerada, no obstante ser una actividad pesada y riesgosa, que incluso ocasiona enfermedades derivadas del trabajo, situación que contrasta con las ganancias crecientes de las compañías mineras.
Por ello, Pedro Ávila se manifestó por proteger a los trabajadores de esta industria nacional, requiriendo una adición a la Ley Minera que reconozca la obligación de los titulares de las concesiones mineras a cumplir en todos sus términos con los contratos de ley, que garanticen salarios mínimos profesionales a los mineros, así como los servicios de salud necesarios, independientemente de los contratos colectivos de trabajo.
De igual forma, planteó reformas a las Leyes Federal del Trabajo, a la Federal de Derechos y a la de Coordinación Fiscal, a fin de construir una política minera que no sólo permita el aprovechamiento racional y justo de los recursos mineros, sino también, que los beneficios económicos sean compartidos a la población.
Lo anterior, a través del pago de un derecho de extracción minera por los concesionarios destinados a un fondo adicionado a la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo reparto sea mayoritario, es decir, en un 80 por ciento para las Entidades Federativas y el 20 por ciento a la Federación; debiendo, en consecuencia, los Congresos locales legislar en igual sentido para mantener el sentido de la Ley.
Ávila Nevárez puntualizó que esas reformas son necesarias dado que México se mantiene como uno de los destinos más fuertes para invertir en minería a nivel mundial, tanto por el potencial minero del territorio nacional, como por la seguridad y facilidades que ofrece el marco regulatorio vigente y el ambiente de negocios en el país.
Además de que es la cuarta industria que más ingresos genera, sólo debajo de lo reportado por la venta de petróleo, el envío de remesas y el turismo.
Subrayó que a julio de 2010 se tenían identificadas 281 empresas mineras que operan aproximadamente 737 proyectos en sus diferentes etapas de ejecución. En materia de concesiones en el mismo lapso, se otorgaron 914 nuevos títulos, que amparan una superficie de mil 909 mil hectáreas, lo que permitió alcanzar un saldo acumulado de 25 mil 149.
Las entidades que concentraron el cien por ciento de las concesiones expedidas durante el primer semestre de 2010 son: Sonora, Coahuila, Zacatecas, Chihuahua, Durango, Baja California, Jalisco, Sinaloa, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Guerrero, Nayarit, Chiapas, Baja California Sur, Guanajuato, Estado de México, Tamaulipas, Aguascalientes, Colima, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro, Yucatán, Morelos, Campeche, Tlaxcala y Tabasco.
El diputado mencionó que de enero a mayo de 2010 el índice del volumen físico de la producción minera registró una variación positiva de 15.5 por ciento respecto a 2009.
Se debe, finalizó, apoyar al sector minero toda vez que es una de las actividades de mayor tradición en México, pues ha estado presente en el desarrollo del país como un factor importante de modernización y avance, al suministrar insumos a prácticamente todas las industrias y al formar parte de la fabricación de artículos de uso cotidiano.