El diputado Vicario Portillo Martínez, secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas, planteó la necesidad de fijar tarifas preferenciales para regiones habitadas mayoritariamente por indígenas, inferiores a las aplicadas a nivel nacional.
Son las comunidades más afectadas “por la falta de oportunidad de tener todos los servicios básicos, y los pocos que tienen los deben pagar a precios que son realmente inaccesibles para ellos”, explicó.
El legislador guerrerense promueve en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en la que participarían las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Energía (Sener), de Economía (SE) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para adecuar las tarifas y fijar esta garantía a los grupos indígenas.
Asegura en su documento que en dichas comunidades y en zonas marginadas del país, “los recibos de luz que llegan a algunos hogares alcanzan de cinco mil hasta 30 mil pesos, siendo que sus habitantes tienen a duras penas dos o tres focos y uno que otro aparato electrodoméstico”.
Asimismo, acota, el 72.35 por ciento de esta población en México, es decir, 8.2 millones, padece distintos grados de pobreza, y el 30.6 por ciento se encuentra en pobreza extrema.
Portillo Martínez refiere que en las comunidades indígenas y rurales los pueblos se organizan, en algunos casos, para exigir tarifas justas y, en otros, para exigir respeto y reconocimiento a los movimientos de no pago a altas de tarifa de energía eléctrica, puesto que el sistema de energía es monofásico en su mayoría.
Agrega que según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), cada año se presentan en la Ciudad de México aproximadamente mil 300 quejas contra la CFE, la mayoría por los altos cobros de servicio.
Somos “testigos de numerosas expresiones de descontento y de pequeños y grandes actos de resistencia que surgen de una misma inconformidad”, asegura.
El diputado perredista subraya que el Estado debe reconocer con honestidad dónde ha fallado, para reorientar el destino del país, porque la pobreza “no solamente perjudica a quien la padece, sino que lastima a la nación y divide a nuestra sociedad”.
“No puede haber libertad cuando existe sometimiento y se carece de oportunidades en educación, en salud y servicios mínimos como agua, drenaje y energía eléctrica”, señaló.
En cuanto a la energía eléctrica, Portillo Martínez señala que este insumo es indispensable para el desarrollo humano, ya que mejora la calidad de vida e impulsa las actividades productivas; sin embargo, las condiciones actuales de los pueblos indígenas son de injusticia social al persistir la discriminación y nula inclusión en la vida nacional.
“El cometido original de la CFE, de distribuir energía sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo, se ha visto mermado por diferentes factores, dejando a los pueblos indígenas más vulnerables, situación que ha provocado el constante rezago en que viven”, concluye.