Pobreza, migración y crimen organizado han propiciado que en 22 mil de los 32 mil ejidos comunales del país se registre un éxodo de jóvenes, lo que en un mediano plazo repercutirá gravemente en la producción y abasto de alimentos, advirtió el diputado Francisco Jiménez Merino, integrante de la Comisión de Desarrollo Rural y del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria.
Señaló que de acuerdo con el último censo agropecuario, realizado por el INEGI, en un 70 por ciento de los 32 mil ejidos se detectó que la mayoría de los jóvenes se están desincorporando de las actividades del campo para seguir la ruta de la migración a Estados Unidos y a las grandes ciudades del país, además de enrolarse al crimen organizado.
Este hecho, dijo, rompe la sucesión generacional de atención y desarrollo del campo. “En las reuniones ejidales sólo se aprecian, en su mayoría, hombres de la tercera edad, y eso es un llamado de atención para atender la problemática”.
Advirtió que de no atenderse la descapitalización humana del sector rural, antes de diez años nos veremos en serios problemas para la producción y abasto de alimentos. “Es necesario, por ser un asunto de seguridad nacional, dar un golpe de timón en el corto plazo para revertir la situación”.
A nivel nacional, dijo, 7 millones de jóvenes menores de 16 años no estudian ni trabajan y un gran porcentaje proviene del sector rural.
Añadió que el Estado no está preparado para dar cabida a esos jóvenes en escuelas de nivel medio superior o superior ni tampoco las familias cuentan con los recursos para sostenerles el estudio en escuelas privadas, por lo tanto, pretender tener hijos universitarios hoy es una ilusión para millones de campesinos y para muchos jóvenes lo más fácil es emigrar o incursionar en el crimen organizado.
“Estadísticas oficiales señalan que 9 de cada 10 jóvenes que ingresan a las cárceles tienen entre 15 y 26 años de edad, muchos de ellos por sus actividades en los cárteles del narcotráfico”.
Jiménez Merino consideró que la educación y el campo siguen siendo los dos instrumentos de desarrollo más importantes para el país, por lo que dijo, se hace urgente una reforma estructural, en la que se vinculen los sectores educativo y productivo.
“No todo es tener grandes presupuestos para el campo, si no hay una estrategia, una política pública, con direccionamiento de los recursos, si no se tienen las reglas de operación ágiles, calendarios de gasto y si no se vigilan los ejercicios presupuestales de poco sirve que haya más dinero”.
Las políticas asistenciales, abundó, no han solucionado el problema de la pobreza en el campo, sólo lo ha contenido y eso, medianamente.
“Hace falta revisar las leyes actuales, reformarlas y mejorarlas. Actualmente, la Ley de Desarrollo Social ni por equivocación considera la autoproducción alimentaria. En tanto que en la Ley de Desarrollo Rural se nos olvidó poner los conceptos de cadena productiva, de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria”.
Actualmente, dijo, compramos el 54 por ciento de los alimentos que consumimos y solamente producimos el 46 por ciento y ése es un problema porque por un lado se tiene que gastar para comprar y por otro, al abandonar los jóvenes las tierras, se debilita la planta productiva nacional.
“En algunos momentos es más barato comprar, sin embargo es una estrategia para hacer quebrar los sectores productivos locales para luego vender más caro. Es un asunto que tenemos que ir viendo si no queremos heredar problemas más graves a nuestros hijos”.
Por eso, dijo, para contener el abandono de los ejidos se debe diseñar una estrategia de vinculación entre las instituciones educativas y las necesidades del sector rural; generar opciones a los jóvenes, una preparación técnica, sobre todo aquellos que no están en el sistema educativo.