Por eso tanto desempleo
El Grupo Parlamentario Nueva Alianza propuso diversas reformas a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MiPyME), a fin de fortalecer su capacidad productiva mediante mejores condiciones de acceso a financiamiento.
Además, para que la autoridad competente cree los mecanismos necesarios para que el sector público y gubernamental cumpla con el pago de servicios a los proveedores que son MiPyMEs, en un plazo no mayor de 30 días naturales.
Ello, toda vez que tan sólo en el 2014, los estados y municipios dejaron de pagar a las MiPyMEs más de 100 mil millones de pesos, señaló el diputado José Bernardo Quezada Salas.
Mediante una iniciativa, el legislador aliancista aseveró que “es urgente que los gobiernos estatales y municipales se pongan al día con las MiPyMEs o, en lugar de ayudarlas, las exterminarán”.
Quezada Salas expuso que si bien es cierto que las reformas estructurales son una vía para impulsar el crecimiento económico del país, también es necesario generar los cambios legales para fortalecer nuestra planta productiva y los sectores económicos generadores de fuentes de empleo.
En este sentido, dijo, cobra importancia el fortalecimiento de la capacidad productiva de las MiPyMEs, ya que emplean al 72 por ciento de la Población Económicamente Activa y generan el 52 por ciento del Producto Interno Bruto.
Al respecto, comentó que “si aspiramos a que las MiPyMEs se conviertan en agentes del cambio estructural y aumenten la productividad, requerimos fortalecer sus capacidades para acceder a mejores condiciones crediticias”.
Por ello, dijo, en su propuesta se establece que la autoridad competente diseñará, fomentará y promoverá la creación de instrumentos, mecanismos u otros esquemas que faciliten el acceso al financiamiento, considerando diferenciaciones en tasa, al tomar como referencia el buen historial crediticio en las sociedades de información crediticia.
Asimismo, afirmó, resulta necesario que la autoridad genere las condiciones para el pago oportuno por parte del sector público a los proveedores que sean MIPYMES, ya que de ello depende la capitalización de las propias empresas.
Señaló que tan sólo en el 2014, el país concluyó con un saldo de deuda pública en los estados y municipios de 509 mil 690 millones de pesos, y una cuarta parte de esos recursos, más de 100 mil millones de pesos, son adeudos a proveedores MiPyMEs, lo cual, dijo, resulta preocupante.
El legislador del Distrito Federal agregó que la mayoría de las MiPyMEs requieren de asesoramiento para lograr consolidarse en el mercado, a lo que se suman los costos de operación.
En esta circunstancia, dijo, “el Estado mexicano debe asumir su responsabilidad frente aquellos quienes arriesgan parte de su patrimonio a fin de crear una empresa que dé empleos a más mexicanos”.
Con las medidas propuestas, añadió, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza refrenda su compromiso con el desarrollo del país.
“Nuestra tarea como legisladores es modificar las leyes a fin de crear los incentivos necesarios para que las empresas mexicanas prosperen en un ambiente de competencia global”, concluyó Quezada Salas.