El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó sancionar con multa de uno a 300 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, a quien en el ejercicio de funciones de autoridad escolar impida el ingreso, retenga documentación o condicione la permanencia de cualquier alumno en los centros de educación en los niveles básico o medio superior, a cambio de la entrega de contraprestaciones económicas en dinero o en especie.
Con 380 votos a favor, 50 en contra y 12 abstenciones, se acordó adicionar el artículo 215 Bis al Código Penal Federal, para dar cumplimiento a lo que establece la Constitución Política, en la fracción IV de su artículo tercero, que determina: “toda la educación que el Estado imparta será gratuita”, y a lo previsto en la Ley General de Educación.
En el dictamen se precisa que la adición permite el ejercicio pleno del derecho a la educación, mayor equidad educativa e igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos, sancionando a quienes soliciten contraprestaciones económicas en dinero o en especie por prestar este servicio.