Tuvo que ser un tribunal federal que ordenara el arresto de un funcionario muy cercano al actual jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, para que se haga justicia al trabajador despedido injustificadamente hace nueve años, a quien ahora le tendrán que pagar dos millones 25 mil pesos que obliga la ley laboral de México por indemnización.
Legisladores federales panistas y priístas enterados del asunto, comentaron a esta “Grilla en el Poder” que de haber sido presentada la demanda laboral en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, este trabajador estaría condenado a perder el caso, porque está debidamente comprobado que a este tribunal laboral lo corroe la corrupción, generada por las mafias que integran algunos funcionarios y algunos abogados litigantes que operan dentro y fuera de la Junta.
Este asunto se comenta en el mundillo político con marcado interés, a partir de que el pasado 19 de mayo el periódico Reforma publicó en su primera plana que el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano, tiene orden de arresto solicitada por la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Lo anterior porque el funcionario incurrió en desacato en ocho ocasiones por ignorar el cumplimiento de un lado que emitió la autoridad laboral, a favor de un trabajador despedido injustificadamente por el gobierno local.
El caso llamó la atención entre diputados federales, senadores y asambleístas, porque es la primera ocasión en que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje solicita el arresto de un alto funcionario, lo que dio lugar a que saliera el comentario de los casos de desacato en que incurren decenas de empresarios en la ciudad de México que están demandados por los trabajadores y que se niegan a pagar las indemnizaciones correspondientes.
Un senador recordó el caso de los hermanos Miguel Ángel y Federico Bracamontes Baz, propietarios de los periódicos Diario de México, Diario de Morelos y Diario de México Edición USA, quienes han perdido todas las demandas laborales y siguen tan tranquilos, enriqueciéndose con el sudor de la clase labora, ante la complacencia de quienes han estado al frente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Otro legislador, en la Cámara de Diputados, comentó que efectivamente, hay información de reciente publicación, que reseña la forma en que el clan Bracamontes se burla de las autoridades y con marcado cinismo asegura tener tanta influencia en Los Pinos, que nunca cumplirá con los dos lados que emitió la Sala Seis de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en los que ordena el pago de casi cuatro millones de pesos a dos reporteros despedidos injustificadamente.
Y hasta donde se sabe, en las próximas semanas estos asuntos, ya están documentos en las comisiones de atención a periodistas de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, serán ventilados en la máxima tribuna del país a petición de los periodistas afectados, quienes están decididos a llegar hasta las últimas consecuencias.