La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Angélica de la Peña, dijo que lo peor que le puede pasar al país es que siga habiendo impunidad.
Lo anterior con respecto al informe dado a conocer por Amnistía Internacional y que señala que el gobierno no ha resuelto casos de desaparición forzada, tortura, violencia contra la mujer y distintos tipos de violación de derechos humanos.
Enfatizó en que el Congreso de la Unión ha trabajado en diversas leyes y reformas para garantizar los derechos humanos; sin embargo, éstas no han dado resultado; por ejemplo, en el tema concreto de violencia contra las niñas y mujeres se han incrementado los casos, según Amnistía Internacional.
“Lo que resalta en el informe de Amnistía Internacional es que no ha habido justicia. En este primer semestre del gobierno de Enrique Peña Nieto siguen prevaleciendo muchos casos sin atención. Amnistía Internacional señala que no hay reparación del daño y tampoco hay rendición de cuentas de los ex funcionarios”, puntualizó la senadora De la Peña.
Abundó en que las autoridades que tomaron las decisiones en la administración pasada no se han responsabilizado por las políticas que utilizaron.
“Necesitamos que se puntualice en quiénes son los responsables, quiénes tomaron esas medidas. Por qué se violentó la ley y la Constitución, y los derechos humanos de miles de personas en el país durante el sexenio pasado”, enfatizó.
Dijo que en el caso de las desapariciones forzadas ni siquiera hay una cifra concreta; y que llama la atención el incumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde “el Estado mexicano sigue siendo omiso”.
El informe refiere que en algunos estados, los familiares de las víctimas de desaparición forzada recibían un trato despreciativo, en el que los funcionarios formulaban acusaciones infundadas sobre las supuestas relaciones delictivas de las víctimas.
Según Amnistía Internacional, durante la administración de Felipe Calderón se recurrió de forma generalizada a la detención arbitraria, la tortura y los malos tratos para extraer información y confesiones de los detenidos durante los interrogatorios.
“El nuevo gobierno está obligado a cumplir las sentencias de la Corte Interamericana en este tema, porque sería un parteaguas entre cómo se recibe el Gobierno y lo que hará el nuevo. El titular de la PGR es el único funcionario que ha dicho que encontró la dependencia en un gran desorden y con muchos problemas que no le han dejado cumplir las responsabilidades que tiene.
“Pero no sabemos qué pasa con las demás dependencias; me parece que eso es muy pernicioso. En el país ya tenemos algunos avances, como la Ley de Víctimas o un paquete de reformas para la protección de periodistas; pero falta mucho trabajo por hacer, como las reformas al Código Militar Judicial para que los militares que cometen delitos contra civiles no sean juzgados por Cortes militares”, puntualizó.
Señaló que el país no avanzará mientras no haya una reestructuración del tejido social, empezando en el ámbito municipal y no al revés, como se está planteando desde hace seis años, con políticas que derivan en una federalización que no ha dado resultados.
“En el Senado de la República, desde la Comisión de Derechos Humanos que presido, estamos trabajando para que muchos pendientes que tienen que ver con el ámbito legislativo se resuelvan lo más pronto posible para fortalecer el marco jurídico de la Nación”, finalizó la senadora Angélica de la Peña.