Senadores panistas se pronunciaron por la creación de un observatorio legislativo que dé seguimiento a las acciones que emprenda el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a fin de garantizar que velará por la aplicación de la ley y buscará superar la crisis que vive el país.
Ante el Pleno, la senadora Adriana Dávila Fernández aseguró que los recientes hechos de violencia en Guerrero y los crecientes señalamientos de organismos internacionales sobre la violación de garantías en el país, revelan que la crisis de derechos humanos ha rebasado a las instituciones de México.
En el país se enfrenta la vergüenza colectiva de descomposición del tejido social, la complicidad de las autoridades y, por desgracia, el aumento desmedido de la impunidad. Víctimas y afectados presentan la crudeza de la debilidad institucional, que dan espacio para la frustración, rencor y posible venganza social, advirtió la legisladora.
En este entorno, subrayó, lo más grave es el deslinde de autoridades respecto al hallazgo de fosas de restos humanos --que no pertenecen a los 43 normalistas desaparecidos--. Se trata de “identidades desconocidas, historias perdidas en la vorágine de la impunidad, hombres y mujeres sin rostro, sin identidad, anónimos, invisibles”.
También resultan graves las agresiones al senador Alejandro Encinas, al intento de destrucción de la puerta principal de Palacio Nacional, pero es aún peor que no se castigue a los responsables, a quienes incurren en mayor violencia con el pretexto de participar en la manifestación social.
Tras este contexto, la senadora Dávila Fernández enumeró los retos fundamentales que enfrentará el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos: Recuperar confianza de la sociedad en su conjunto, en particular de las víctimas, para lograr revertir la división y enojo que prevalece entre los mexicanos y que puede desatar la venganza social.
La CNDH deberá hacer valer la ley sin simulaciones, enfatizó la senadora del PAN, habrá de aplicarse tanto a las autoridades que sean omisas o cómplices en la violación de derechos humanos, como a los grupos y/o organizaciones que incurran en una mayor violencia, disfrazada de protesta social.
Para lograr este objetivo, el presidente de la CNDH estará obligado a mantenerse al margen de apetitos, filias o fobias políticas, deslindarse de servilismos y dar respuesta oportuna a cada situación de violación de garantías individuales, pues es necesario revertir el aumento observaciones por parte de organismos internacionales.
El nuevo ombudsman, concluyó la senadora por el PAN, deberá emprender la restructuración de la CNDH con el rescate de los aspectos positivos de la pasada administración, la corrección de lo que así lo amerite, y la reorientación de los esfuerzos institucionales.