El vice coordinador del PRI en el Senado de la República, Arturo Zamora Jiménez, presentó una iniciativa de reforma al artículo 8 de la Constitución, el cual reglamenta y clarifica los tiempos en el llamado “Derecho de Petición” de los ciudadanos ante cualquier autoridad de todos los órdenes y niveles de gobierno.
El legislador expuso que la reforma elimina la frase que actualmente establece la Constitución que señala que las autoridades responderán en “breve término” para establecer en su lugar un plazo máximo de 15 días hábiles para dar respuesta a las peticiones, solicitudes, inconformidades o críticas de los ciudadanos.
La reforma presentada y turnada a comisiones señala que “a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad ante quien se haya presentado, la cual tiene obligación de notificarlo al peticionario dentro del término de quince días hábiles, con excepción de la aplicación de leyes fiscales, en cuyo caso se estará a lo que en ellas se disponga”.
Zamora Jiménez argumentó que el actual texto constitucional que señala “breve término”, lejos de garantizar una expedita administración gubernamental en favor de los interesados, introduce una clarísima inseguridad jurídica en perjuicio de los gobernados, ya que introduce una clara imprecisión y una innegable discrecionalidad por parte de los servidores públicos encargados de su cumplimiento.
Recordó que el “Derecho de Petición” corresponde a la obligatoriedad de la autoridad a quien se solicita la petición de realizar una respuesta por escrito en donde se resuelva el planteamiento hecho por el particular y que debe darlo a conocer en breve término.
El legislador por Jalisco indicó que “el “Derecho de Petición” es una herramienta fundamental para la rendición de cuentas porque permite acceder a información relacionada con las decisiones que toman las autoridades, con los procedimientos que siguen para hacerlo, con los resultados que obtienen y con el uso de los presupuestos que se les asignan.
Expuso que a diferencia del Derecho a la Información, el Derecho de Petición permite realizar planteamientos de situaciones que afecten la esfera de cualquier persona, solicitar servicios públicos tales como alumbrado público, recolección de basura, pavimentación o exigir explicaciones sobre las deficiencias de aquellos, ejercer derechos, interponer quejas, acciones o recursos legales.
El integrante de la Comisión de Derechos Humanos dijo que de aprobarse esta reforma se llena un vacío jurídico, ya que las autoridades tendrán la obligación de responder por escrito en un plazo de 15 días hábiles a las peticiones o quejas de los ciudadanos.
Para esto último, es necesario que el peticionario, en su escrito relativo, señale el domicilio donde se le envíe la comunicación relativa, pues de otra manera, la autoridad se encuentra impedida para cumplir su obligación de hacer saber lo acordado, en breve término al peticionario.