Cuando se aborda el tema de las drogas, el enfoque generalmente se centra en el problema del crimen organizado o el debate sobre su despenalización. Sin embargo, las drogas inciden en un espectro mucho más amplio, como en la comisión del delito.
Así lo sugieren las cifras recabadas por el órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social entre 2009- 2010, las cuales indican que el 60% de los delitos son cometidos por consumidores de drogas (el delito más frecuente en este rubro es el robo), el 94.8% de los presos consumen drogas y el 54% de los menores infractores reportó consumir drogas.
¿Es posible atajar este problema? Un nuevo instrumento de justicia penal en el país apuesta que sí: la Corte de Drogas o el Tribunal para el Tratamiento de Adicciones, como se le denominó en México.
En el marco del foro “Las Cortes de Drogas en México”, que se realizó el pasado mes de septiembre en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM (IIS), varios especialistas charlaron sobre los beneficios de este modelo y los avances de su aplicación en el país.
El foro es el primero de una serie cuyo objetivo es “profundizar en la variedad de miradas sobre el problema de las drogas ilegales y abrir la discusión, así como difundir lo que se está haciendo desde la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Nacional contra las Adicciones y la academia”, dijo Luis Astorga Almanza, investigador del IIS y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.
De acuerdo con Berenice Santamaría González, directora de coordinación operativa de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), este novedoso instrumento de justicia alternativa “permite que una persona que cometió un delito bajo el influjo de alguna droga o con el fin de obtener recursos para su adquisición, se someta a un tratamiento de atención a las adicciones en lugar de que sea sancionado con pena privativa de la libertad.”
La participación es voluntaria, está dirigido a primo delincuentes cuya pena máxima no exceda cinco años de prisión y debe haber un vínculo entre el consumo problemático de drogas y/o alcohol y la comisión del delito. Otros de sus componentes es la oralidad en el juicio e impartición de justicia pronta y expedita.
Santamaría añadió: “El tratamiento se efectúa bajo supervisión judicial directa y periódica a través de audiencias de seguimiento y un esquema de coordinación entre el sistema de salud y el de seguridad y justicia”.
Las cortes de drogas se implementaron por vez primera en 1989 en Estados Unidos, donde ahora hay más de 2 mil 600 distribuidas en su territorio. Otros países también ya cuentan con este modelo, en el Continente Americano destacan Chile, Brasil y Canadá.
Las evaluaciones del modelo en Estados Unidos, según Antonio Mazzitelli, representante en México de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), indican que la reincidencia criminal se reduce entre el 8% y el 13% cuando se está dentro del programa y hasta un 90% si se completa el tratamiento, el cual dura de 18 a 36 meses.
La reducción en el consumo de sustancias (drogas lícitas o ilícitas o productos farmacéuticos) baja a un 20%; mientras que las recaídas en el consumo disminuyen hasta en un 80%.
Los beneficios también son económicos, según Mazzitelli, ya que la reducción de costos en las instituciones penitenciarias va entre los 4 mil a 12 mil dólares por individuo, y también hay ahorros en materia de administración de justicia y de seguridad. Por otro lado, “en el 60% de los casos en que se concluye el programa hay simultáneamente una recomposición familiar”.
Estas cifras sirvieron como base para instaurar el modelo en México. Nuevo León fue el estado pionero en esta materia, desde septiembre de 2009 cuenta con un juzgado, “comenzó como un programa piloto, pero hoy ya es un programa institucional; actualmente tiene 54 participantes, la gran mayoría por violencia familiar y lesiones”, informó Santamaría.
Añadió que en Baja California, Morelos y el Distrito Federal, hay avances importantes en los proyectos locales.
Los resultados positivos obtenidos en Estados Unidos hacen a las Cortes de Drogas un modelo atractivo, pero aún es objeto de críticas. José Antonio Caballero, académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y moderador del foro, expuso algunas de ellas.
Por ejemplo, aún no hay estudios que comparen la efectividad de las Cortes de Drogas frente a los tratamientos tradicionales; se ha observado que los adultos responden mucho más durante el programa que los jóvenes, pero aún no se sabe la causa; su impacto en la mitigación en cuanto a la población en las cárceles es aún bajo.
Por su parte, Astorga Almanza, uno de los organizadores del foro, comentó: “Este modelo trata de poner un granito de arena, pero no se puede replicar automáticamente en cualquier estado, se tiene que adaptar a las circunstancias del sistema jurídico local donde se aplique. No hay conclusión definitiva sobre el tema, así que debe considerársele como una posibilidad en la problemática de las drogas ilegales”.