El senador panista Francisco García Cabeza de Vaca presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a fin aplicar exámenes de control de confianza a los encargados de la función judicial federal y desincentivar así que estos servidores públicos colaboren con el crimen organizado.
La reforma propuesta a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación plantea aplicar estos exámenes de control de confianza a través de evaluaciones a los procedimientos y concursos que realiza el Consejo de la Judicatura, con base en los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, honradez e independencia, explicó el legislador en la tribuna de la Cámara Alta.
En tanto, la reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada busca “eliminar los beneficios para los servidores públicos relacionados con la colaboración en las investigaciones y para completar las excepciones establecidas con respecto de la libertad preparatoria de que puedan gozar en caso de cometer los ilícitos que esta ley determina”, agregó García Cabeza de Vaca.
Los servidores públicos que se podrán ubicar en el supuesto de la reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada son todos aquellos que formen parte de la Administración Pública Federal, centralizada o del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas y fideicomisos públicos en los poderes Judicial Federal y del Distrito Federal, Gobernadores de los estados, Presidentes Municipales, Diputados a las legislaturas locales y los Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales.
A su vez, las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación pretenden fortalecer la función judicial mediante la realización de evaluaciones de control de confianza que permitirán el nombramiento de los candidatos apegados a principios institucionales y de acuerdo con los perfiles exigidos para cumplir con su labor.
García Cabeza de Vaca propuso que la evaluación se establezca de forma sistemática y periódica, con el fin de contribuir a la confirmación y vigilancia del marco de conducta de la normatividad institucional.
Por otro lado, recordó que en el caso de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, está condena a los servidores públicos partícipes del crimen organizado con la posibilidad de que se dupliquen las penas en el abuso de su posición como empleados de los Poderes de la Unión, además de imponerles destitución e inhabilitación para desempeñar algún cargo posteriormente.
Sin embargo, dijo, estas medidas no han sido suficientes, pues en el día a día los medios de comunicación hacen evidentes los casos de colusión de los funcionarios estatales y jurisdiccionales con los delincuentes.
Ante esto, propuso eliminar los beneficios para los servidores públicos relacionados con la colaboración en las investigaciones y para completar las excepciones establecidas con respecto de la libertad preparatoria de que puedan gozar en caso de cometer los ilícitos que esta ley determina.
La iniciativa la suscribieron los senadores Francisco García Cabeza de Vaca, Víctor Hermosillo y Celada, Luis Fernando Salazar Fernández, Fernando Yunes Márquez, Fernando Herrera Ávila y Javier Corral Jurado, y se turnó a las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos Segunda y será otra propuesta que permanecerá durmiendo el sueño de los justos.