Es necesario implementar un mecanismo nacional para enfrentar las agresiones a mujeres, a través de la puesta en marcha de la alerta de violencia de género, advirtió la subdirectora de Quejas y Reclamaciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Nuriney Mendoza Aguilar.
Expuso que ello implica activar un banco nacional de datos e información sobre casos de violencia contra mujeres, con la participación de las entidades federativas, además de instrumentar mecanismos para supervisar la adecuada aplicación de las leyes por parte de servidores públicos, y aquellos que cometan actos de discriminación deberán ser sancionados.
Lo anterior durante el segundo Conversatorio: “Nuevas violencias contra las niñas y mujeres jóvenes en contextos de conflicto, crimen organizado trasnacional y migración”, organizado por la Comisión de Derechos Humanos, que preside la senadora Angélica de la Peña Gómez, y que fue realizado en las instalaciones del Senado de la República.
Mendoza Aguilar propuso instrumentar una política integral de seguridad ciudadana en espacios públicos, pues las estadísticas revelan que una de cada cuatro mujeres es víctima de agresiones verbales, 14 por ciento al salir a la calle es víctima de tocamientos, y 1.3 por ciento ha sido violada, en tanto que ocho por ciento de ellas evitan acudir a lugares públicos, por miedo a ser sujetas de agresión.
Por otra parte, Loreto Vicente Perotti, directora general Adjunta de Políticas Públicas de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), dio a conocer que el gobierno federal realizó un diagnóstico acerca del problema de trata en el país.
Es una herramienta del Estado mexicano, subrayó, que contiene recomendaciones, políticas públicas y estrategias operativas para enfrentar este ilícito de manera efectiva.
Verónica Caporal, consultora en violencia y trata de personas, habló sobre los contextos en donde se da la trata de personas y la prostitución, tales como las cantinas, estéticas, las calles, un bar, espacios, dijo, en que se ha naturalizado y normalizado este tipo de ilícito.
Elsa Simón, directora general de la asociación Por la Superación de la Mujer A.C. alertó que en Tapachula, Chiapas, cada día crece más la prostitución y el problema de la trata, en especial de las niñas, adolescentes y niños provenientes de Centroamérica y parte de Sudamérica.
María Eugenia Villareal Chávez, directora de la Asociación para la Eliminación de la Prostitución, Pornografía, Turismo y Tráfico sexual de niños, niñas y adolescentes, de Guatemala, aseveró que la única manera de que se tenga un impacto en contra de este delito, es a través de acciones regionales articuladas entre los gobiernos, organismos de la sociedad civil e internacionales.
En su intervención, María de la Luz Lima Malvido, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), solicitó al Senado que se presente una moción en tribuna para pedir una explicación al gobierno federal de por qué México no ha firmado el Protocolo II de Ginebra, relativo a la protección de civiles en conflictos armados.
Apuntó que si en la reforma penal no se considera incluir la protección de las garantías ya catalogadas a nivel internacional, “vamos a ser muy buenos en los litigios, pero vamos a violar derechos humanos todos los días”. Además, advirtió que México debe ratificar el tercer protocolo para la Convención Sobre los Derechos del Niño.
Lima Malvido se pronunció porque el Congreso emprenda una legislación sobre la protección de derechos humanos, como parte de las acciones de protección civil, pues el abuso sexual aumenta en momentos de desastres, debido a que niñas y mujeres se encuentran en mayor vulnerabilidad.
Marco Antonio Vargas Urías, director de Gendes, A.C., resaltó la necesidad de trabajar estos problemas con los jóvenes y concientizarlos, a fin de prevenir que siga creciendo el delito.