La sociedad mexicana está de luto, indignada y movilizada en el país, expresó el senador perredista Armando Ríos Piter, al señalar que la prioridad del Estado mexicano consiste en determinar el paradero de los 43 normalistas desaparecidos.
El legislador guerrerense dijo lo anterior en conferencia de prensa, acompañado de su coordinador parlamentario Luis Miguel Barbosa Huerta, con el propósito de fijar su posición en torno a los hechos ocurridos en Iguala. Aquí sus palabras textuales: “Hasta el momento, los hechos de Iguala, Guerrero y la imposibilidad de las autoridades estatales y federales de determinar el paradero de los 43 integrantes de la comunidad de la normal rural de Ayotzinapa, y de presentar a la totalidad de los responsables materiales e intelectuales de estos hechos, hacen necesario esfuerzos adicionales y extraordinarios de todas las instituciones del Estado Mexicano.
“El peso moral de los familiares de las víctimas, las movilizaciones de la comunidad de la Normal, las acciones de los movimientos estudiantiles que se han formado para manifestar su solidaridad con los desaparecidos, las posturas de las organizaciones civiles nacionales y extranjeras, y la condena de la comunidad internacional, por la situación que se viven en México en materia de desaparecidos y derechos humanos, han conformado un poderoso conglomerado social que no estará conforme hasta que no se dé con el paradero de los 43 desaparecidos y se castigue a los culpables.
“En cada sociedad existe un punto de inflexión y en materia de impunidad, los hechos de Iguala, han marcado un límite.
La reciente iniciativa de convocar a un pacto por la seguridad, desde el gobierno y los partidos, aparece como una acción superpuesta al momento que vive el país.
“La exigencia está en la calle, en las movilizaciones estudiantiles, en la opinión pública, a través de las expresiones de solidaridad de la sociedad y en la condena internacional.
“El cambio de discurso, particularmente el énfasis en las víctimas y la prevención, no dio los resultados esperados. La estrategia: “más inteligencia y menos violencia” ha sido claramente insuficiente.
“La supuesta coordinación entre instituciones del Ejecutivo Federal y de éste con los gobierno estatales, tampoco han generado los resultados esperados. Si bien los datos oficiales reportan que los índices de violencia han disminuido, los hechos de Iguala y la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, han sacado a flote una crisis estructural, que va mucho más allá de las cifras.
“Los partidos políticos no van a recuperar su credibilidad declarando que se blindarán contra la infiltración de la delincuencia organizada. El tema, consiste en tomar decisiones en sus respectivos institutos políticos y en los mecanismos de selección de sus dirigentes y candidatos.
“Ante esta situación es preciso contribuir a construir una respuesta que permita superar la crisis. Por lo anterior, se realizan las siguientes:
“Propuestas
“Primera: Atención víctimas. La prioridad es la atención a las víctimas. Dar seguimiento exhaustivo a los compromisos presidenciales asumidos con los padres de los normalistas el 29 de octubre; con énfasis en la búsqueda y recuperación de los desaparecidos. Investigación y castigo a los responsables. Integral reparación del daño. Así mismo, garantizar un adecuado acompañamiento a las víctimas en materia legal, médica, psicológica y económica.
“Segundo: Formación de una comisión de la verdad y la justicia. Es indispensable conformar una comisión ciudadana de la verdad y justicia. Una comisión que permita responder satisfactoriamente a cuestionamientos como: ¿Qué pasó exactamente el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero? ¿Qué actores del Estado Mexicano supieron la desaparición y como reaccionaron? ¿Quiénes sabían sobre los actos criminales de Abarca previos a la desaparición de Los 43 normalistas? ¿Por qué no se tomaron decisiones para investigar estos actos y así prevenir que escalara el abuso? ¿Cómo se tejió la red de complicidad de Abarca con el poder político y con el crimen organizado? ¿Siendo Abarca un criminal, cómo llegó a ser presidente Municipal?
“Esta comisión deberá sentar las bases de una deliberación nacional por la reconstrucción democrática.
“Tercero: Construcción de un acuerdo con la sociedad. Cualquier acuerdo, o pacto o reunión, debe tener como parte fundamental, el componente social. La posibilidad de un acuerdo sin este componente, entraña el riesgo de quedarse como una simple foto o lo que sería peor, como un acto de demagogia.
“El país requiere de un acuerdo ampliado para construir un frente del Estado Mexicano; un acuerdo donde los protagonistas sean los ciudadanos. Que la sociedad civil sea la que oriente el debate y la búsqueda de soluciones. Un acuerdo que nazca con la legitimidad de la calle, a la cual la clase política deberá sumarse.
“El Ejecutivo Federal, los partidos políticos, los legisladores, los gobernantes locales, deberán apoyar este ejercicio, único en la historia de México, para avanzar en un camino diferente.
“Debemos estar atentos a las exigencias, llamados y convocatorias de la ciudadanía y estar dispuestos a participar en el esquema que la sociedad proponga y se defina de manera conjunta.
El diálogo propuesto, debe generar respuestas específicas para mejorar la seguridad y terminar con la impunidad.
“Cuarto: Fortalecimiento en la defensa de los derechos humanos. Resulta necesaria la revisión integral de la defensa de los derechos humanos en nuestro país.
“Esta revisión incluiría la desaparición de las comisiones estatales de derechos humanos y el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
“El que se haya llegado a esta situación en el caso de Iguala, habla de la necesidad de esta revisión y obliga a la adopción de acciones legislativas para garantizar la vigencia de los derechos fundamentales en nuestro país.
“Quinto: Sistema Nacional contra la impunidad y la corrupción. Urgentemente se debe identificar cuáles son los huecos por los que se infiltra la corrupción en la vida pública, para determinar la forma cómo las autoridades y criminales llegan a coludirse.
“Los hechos de Iguala, han puesto en evidencia que los titulares de algunas de las instituciones del Estado (municipios, policías, procuradurías estatales) están capturadas por el crimen organizado. “Lo que sucede en Iguala, no es nuevo, ni es exclusivo de Guerrero, lamentablemente situaciones similares se presentan en varias entidades del país, en donde el crimen organizado amenaza la integridad de las instituciones.
Para construir este sistema es necesario el fortalecimiento del federalismo en el ámbito penal, la transformación de la procuración de justicia, y la creación de nuevas figuras penales.
“La sociedad exige un cambio de fondo en materia de seguridad pública, impartición de justicia y combate a la corrupción y a la impunidad.
“Sexto: Revisión y reforma de los mecanismos de financiamiento y selección de candidaturas. Para evitar que se repitan hechos como los de Iguala, resulta indispensable revisar integralmente el nuestro sistema de partidos, las formas en que se deciden las candidaturas y cómo se financian las campañas.
“Se propone la eliminación de los privilegios de la clase política como son el fuero y el establecimiento de la revocación de mandato. Además, se deben establecer controles de confianza y mecanismos de corresponsabilidad entre partidos políticos y las autoridades.
“Séptimo: Fortalecimiento de los municipios y de las entidades federativas. Resulta indispensable ubicar y corregir las fallas de coordinación que prevalecen entre municipios, entidades y Federación en el combate al crimen organizado. Debe terminarse con la lógica perversa del deslinde de responsabilidades y que cada nivel y orden de gobierno debe cumplir con su trabajo.
“Hace falta identificar cuáles y cómo se presentan las omisiones, que las procuradurías y las policías ministeriales, estatales y federales tienen frente a cada desaparición forzada.
“La sociedad demanda que los servidores públicos cumplan con su trabajo. Resulta innecesario que el Presidente, los secretarios de Estado y los gobernadores se reúnan para anunciar que van a cumplir con su trabajo. Simplemente deben hacerlo.
“Y octavo: La creación de una policía nacional. La reforma legal incluye la creación de una policía nacional. Se trata de establecer el mando único en el país.
“El mando único de las policías estatales sobre las municipales y de la policía federal sobre las de las entidades federativas.
“La sociedad está agraviada por la violencia y ha tomado la calle, es una responsabilidad de todos contribuir a construir un espacio, para que las demandas sociales se traduzcan en los cambios fundamentales que requiere el país, en esta crisis que vivimos”.