El pleno de la Comisión Permanente conoció cinco iniciativas de reformas a diversas disposiciones legales en materia de cinematografía, guarderías infantiles, discriminación, transparencia y, de manera destacada, la que plantea incrementar de cinco a 15 años de cárcel para quien falsifique documentos oficiales.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) planteó modificar el artículo 243 del Código Penal Federal, para aumentar de cinco a 15 años la pena de prisión y de 200 a 360 días multa por falsificar documentos públicos; y de uno a cinco años de cárcel y multa de 180 a 360 días, por falsificar documentos privados. Tratándose de un servidor público, la pena aumentaría hasta en una mitad.
Explicó que las carreras de enfermería, medicina y derecho son las más demandadas para falsificar, “y hay necesidad de cédulas para 27 profesiones de alto impacto, que tienen que ver con la vida, el patrimonio, la seguridad y la libertad. No solamente se hace mal uso de documentos oficiales, falsificados, sino que también se están adentrando en actividades que requieren conocimientos, de ahí la gravedad del tema”. Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Ley Federal del Audiovisual Nacional
Por otra parte, la senadora María Marcela Torres Peimbert (PAN) presentó una iniciativa para expedir la Ley Federal del Audiovisual Nacional, que busca fomentar de manera integral la cadena industrial de la cinematografía y promover la producción, distribución, comercialización y exhibición de cintas, así como su rescate y preservación.
Señaló que es prioritario sentar las bases para que las películas realizadas en México cuenten con recursos suficientes para su promoción en medios de comunicación e incentivar la asistencia del público al cine. Asimismo, promover el acceso de las clases económicas desfavorecidas a las salas y establecer cines en poblaciones donde ha desaparecido, así como incluir la formación audiovisual como parte de la educación básica. Se turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República.
Ampliar servicios de guarderías del IMSS
En su oportunidad, la senadora Ivonne Liliana Álvarez García (PRI) propuso reformar el artículo 206 de la Ley del Seguro Social, para que los servicios de guarderías se proporcionen desde los 43 días de nacidos hasta los seis años de edad, pues actualmente el servicio se brinda hasta los cuatro años.
Indicó que con las disposiciones vigentes, las guarderías del IMSS aceptan a los niños hasta los cuatro años y las madres deben buscar espacios o guarderías adicionales, lo que disminuye sus ingresos al pagar otro servicio que “a veces no es el ideal ni el más seguro”. Agregó que otras instituciones, como el ISSSTE y el DIF, prestan el servicio hasta los seis años. Se envió a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Senadores.
Erradicar discriminación
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (NA) propuso reformar el artículo 1° de la Constitución para incluir los términos de “la orientación sexual, la identidad y expresión de género” y eliminar el de “preferencias sexuales”, por no ser acorde con la terminología empleada en tratados internacionales.
Se pronunció por impulsar medidas legislativas que erradiquen la discriminación por motivos de diversidad sexual y señaló que esta iniciativa sentará las bases para alcanzar un México incluyente. El país, explicó, “se encuentra en la vanguardia internacional en materia de derechos humanos al adoptar y consagrar en la Constitución la protección de todas las preferencias sexuales, pero dicha expresión ha sido rebasada”. Se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Reformas en materia de transparencia
El senador Víctor Manuel Camacho Solís (PRD) presentó una iniciativa en la que propone un diseño legal que permita la apertura de la información sobre la cancelación y posterior condonación de créditos fiscales y de sus beneficiarios.
Propuso reformar el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para establecer que los sujetos obligados que por cualquier motivo destinen a cualquier persona recursos públicos, deben informar sobre el uso de los mismos.
Del Código Fiscal, planteó modificar el artículo 69 para evitar interpretaciones de la autoridad fiscal respecto a la revelación del secreto fiscal, y el 146-A para establecer que la cancelación de los créditos no libera del pago al contribuyente.
Se envió a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
Puntos de acuerdo aprobados de la Primera Comisión
Asimismo, se aprobaron diversos puntos de acuerdo de la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, uno de ellos contiene un exhorto al gobierno federal y al gobierno del estado de Guanajuato, a investigar las conductas realizadas por el presidente municipal de Celaya.
Otro, solicita información al Ejecutivo federal sobre el impacto ambiental y de riesgo del Centro Federal de Reinserción Social en Chiapas.
Uno más, por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero a investigar la desaparición del regidor, Cleto Mendoza Vargas.
Además, un exhorto al Ejecutivo federal a emitir el instrumento donde se considere a los terceros autorizados para dictaminar los protocolos de investigación clínica.
Asimismo, se solicita al titular del gobierno del Distrito Federal a informar sobre las medidas implementadas, tendentes a disminuir y prevenir los delitos cometidos a bordo de motocicletas y sobre la efectividad del sistema tecnológico de videovigilancia instalado en la ciudad de México.
Finalmente, un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación a establecer un nuevo modelo de comunicación con el Movimiento Zapatista.