A fin de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) coadyuve con el Ministerio Público, dentro del procedimiento de extinción de dominio, en aquellos casos de enriquecimiento ilícito, la senadora Pilar Ortega Martínez propuso reformar la Federal de Extinción de Dominio.
Consideró que la incorporación de estas modificaciones facilitará la resolución de muchos de los planteamientos asociados al combate de la corrupción desde el ámbito del patrimonio de los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado.
Aseguró que el fin básico del Estado es otorgar seguridad y protección de derechos libertades a los ciudadanos, por lo que quienes actúan en su nombre deben responder por cualquier acto u omisión que se aleje de este propósito.
“Condicionar la ejecución de cualquier obligación legal a la recepción de algún beneficio personal, o utilizar el encargo para obtener beneficios personales o para terceros, no debe ser perseguido por el solo hecho de evitar que los servidores públicos accedan a beneficios extras, sino se debe perseguir y sancionar porque deforma al Estado republicano y democrático”, aseveró.
También, se debe sancionar a quien pretende obtener beneficios a través de corromper a servidores públicos, agregó.
La legisladora por Guanajuato dijo que cuando la Auditoría Superior de la Federación se haya constituido como coadyuvante del Ministerio Público, el procurador general de la República, antes de acordar sobre la procedencia del desistimiento de la acción de extinción de dominio, deberá analizar las consideraciones que al efecto realice la Auditoría.
En caso de enriquecimiento ilícito, cuando la demanda de extinción de dominio derive de una averiguación previa o investigación iniciada con motivo de una denuncia penal interpuesta por la Auditoría Superior de la Federación, ésta podrá constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, precisó.
“La extinción de dominio de bienes y la consecuente aplicación de éstos a favor del Estado, es un instrumento jurídico necesario para implementar una adecuada persecución de bienes de procedencia ilícita”, concluyó.
La iniciativa, que plantea cambios en los artículos 5 y 11 de la Ley Federal de Extinción de Dominio y fue suscrita por los senadores Juan Carlos Romero Hicks y Laura Angélica Rojas Hernández, y el diputado Fernando Rodríguez Doval, se turnó a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis y dictaminación correspondiente.