La senadora panista Marcela Torres Peimbert presentó un punto de acuerdo ante el Pleno de la Comisión Permanente, para exhortar a los Congresos de las entidades que no han avalado la reforma constitucional en materia de reforma política a que la aprueben lo antes posible y así se pueda emitir la correspondiente declaratoria de procedencia constitucional.
Torres Peimbert detalló que Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán son los estados a cuyos Congresos no han aprobado la reforma política.
Explicó que Congresos de 10 entidades ya aprobaron la reforma, por lo que faltarían por lo menos otros seis para cumplir el requisito constitucional, que establece la obligación de que la mayoría simple de las Legislaturas locales avalen un cambio a la Carta Magna para hacer la declaratoria de procedencia.
La senadora hizo el llamado a aprobar la reforma constitucional lo antes posible para dar comienzo a los trabajos de discusión y aprobación de la legislación secundaria, la cual corresponde a la expedición de la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En esa ley secundaria, agregó, “se establecerán las normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, y que garantizará que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, trasparencia y honradez, así como que se respeten los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos”.
Torres Peimbert aseguró que la experiencia internacional señala que es necesario contar con un marco legal adecuado a efecto de disminuir la discrecionalidad de los funcionarios públicos de forma tal que estos fondos públicos no sean utilizados como lo ha hecho Manuel Velasco Coello, gobernador del Estado de Chiapas al promocionar su Primer Informe de Gobierno.
“Resulta necesario discutir y dictaminar una ley clara y precisa que prohíba este tipo de conductas de los servidores públicos y que contemple por lo menos los siguientes principios rectores de distribución de la pauta estatal: planificación adecuada o mecanismos de contratación; transparencia y acceso a la información; control externo de la asignación publicitaria, y pluralismo informativo y publicidad oficial”, por lo que Chiapas es un “caso de abuso del poder”, afirmó Torres Peimbert.
Acusó que a casi 900 kilómetros de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, lugar donde reside el Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, se llevó a cabo una campaña mediática digna de una corporación trasnacional, pero financiada por recursos públicos del estado más pobre del país.
Así fue que los habitantes del Distrito Federal, así como los de Monterrey, Puebla, Veracruz, Estado de México y Sinaloa, presenciaron algo que parecería inverosímil en democracias sólidas: un despliegue de propaganda en revistas, televisión, periódicos, transporte público de la Ciudad de México, paraderos de autobuses, anuncios espectaculares, salas de cine, redes sociales, entre otros, abundó.