El diputado federal Silvano Aureoles Conejo, coordinador del grupo parlamentario perredista, presentó un paquete de iniciativas en materia laboral para reformar la Constitución Política y las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social.
Precisó que con este proyecto se pretende dar forma a un nuevo pacto social entre capital y trabajo bajo el amparo del reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, asumiendo a los sindicatos como los principales interlocutores del cambio en las relaciones laborales.
Subrayó que se propone acabar con la impunidad de quienes violan el orden jurídico laboral, propiciar el incremento de la productividad y la competitividad a través de la reorganización del trabajo y la innovación tecnológica, y asegurar las condiciones para el reparto justo de los resultados abriendo el cauce para la participación de los trabajadores y sus legítimos representantes en el desarrollo nacional.
El legislador precisó que el paquete de iniciativas es de los diputados de los grupos parlamentarios que conforman el frente de izquierda.
La reforma plantea que el salario mínimo deberá aumentarse anualmente, con base en la evolución del Índice Nacional de Precios al Consumidor, y podrá revisarse e incrementarse antes de ese periodo, en función del deterioro salarial observado durante su vigencia, como lo determine la Cámara de Diputados o la Comisión Permanente, a propuesta del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades.
Agregó que deberá revisarse anualmente con el propósito de establecer un aumento real que retribuya el incremento de la productividad media de la economía en ese periodo, con base en el porcentaje que determine la Cámara de Diputados, tomando en cuenta la recomendación que al efecto emita dicho instituto.
También se propone prohibir a los patrones y a sus representantes despedir o aplicar sanciones a los trabajadores que, amparados por la libertad sindical, ejerzan su derecho de decidir sobre la firma o el rechazo del contrato colectivo o el de optar por determinado sindicato en los juicios de titularidad contractual.
Además, que sea requisito previo para el despido, acreditar ante el Juez competente la causal o causales de rescisión dentro de los tres meses previos o posteriores, respecto de los trabajadores que hubieren ejercitado o puedan ejercer la libertad sindical o su derecho de aceptar o rechazar el contrato colectivo.