El 70 por ciento del territorio nacional está constituido por terrenos forestales y resulta sumamente importante generar las medidas necesarias para protegerlos y obtener un mayor provecho de ellos sin desmantelarlos, afirmó la senadora Silvia Garza Galván, presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático.
Por ello, en la sesión de la Cámara Alta propuso una iniciativa para reformar el artículo 2 de la Ley de Vivienda y el artículo 9 de la Ley General de Asentamientos Humanos.
En el primer caso, la legisladora por Coahuila planteó que se considere como vivienda digna y decorosa aquella que, aparte de contar con los servicios básicos, “no se ubique en terrenos forestales”, brinde certeza jurídica y considere criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes “ante los efectos del cambio climático potencialmente agresivos”.
Respecto del artículo 9 de la Ley General de Asentamientos Humanos, señaló que será facultad de los municipios expedir las autorizaciones, licencias o permisos de uso de suelo, construcción, etcétera, de conformidad con las disposiciones jurídicas locales, planes o programas de desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de áreas y predios, “siempre que éstos no se ubiquen en terrenos forestales salvo que cuenten con autorización previa de la Federación”.
Garza Galván expuso que México se encuentra situado en un territorio amplio y vasto en recursos forestales, pero, advirtió, la acción humana ha patrocinado equivocadamente la contaminación del aire, el agua y el suelo.
“También lamentablemente se ha impulsado la invasión desregulada de los terrenos forestales para la tala, el uso habitacional, industrial y un sinfín de actividades que han acelerado el fenómeno del cambio climático y, a la vez, mermado la capacidad del Estado para salvaguardar los recursos naturales e implementar soluciones efectivas ante los problemas que conlleva, sean sociales, económicos o ambientales”, resaltó.
Los terrenos forestales, explicó, son afectados por fenómenos humanos y naturales diversos, pero el propósito de las reformas que promuevo tienen que ver particularmente con los asentamientos humanos, en especial por aquellos que se establecen sin tomar en cuenta el uso y manejo sustentable de los recursos forestales y sin considerar las medidas necesarias para elaborar los estudios técnicos justificativos que dan paso al cambio de uso de suelo en los terrenos forestales.
“Lo anterior puede llevarnos a tener severos efectos adversos del cambio climático, en particular y con mayor acento, por ejemplo, en el aumento de la temperatura en la Tierra, el incremento del nivel del mar, el deshielo de polos y glaciares, la modificación de patrones climáticos, el aumento de frecuencia e intensidad de fenómenos como huracanes o sequías, daño al rendimiento de las regiones agrícolas y pérdida de ecosistemas terrestres y marinos, entre otras afectaciones”, mencionó.
Recordó que incluso el Poder Ejecutivo federal, en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, manifestó esa misma preocupación por las consecuencias del cambio climático, coincidiendo de igual modo con la iniciativa que se impulsa, en el sentido de poner especial atención a los asentamientos humanos.
“En el Plan Nacional de Desarrollo se refiere la importancia de trabajar en elementos como la protección civil y el desarrollo sustentable, centrando su atención en evitar pérdidas cuantiosas, humanas y materiales, ocasionadas mayormente por fenómenos naturales y aquellos provocados por el hombre.
“Igualmente resalta la relevancia de reconocer las condiciones geográficas y biológicas del territorio nacional, previendo el impacto negativo de los fenómenos humanos y naturales sobre él, y procura especial atención a la situación presente de los asentamientos humanos en zonas de riesgo y el equivocado ordenamiento territorial que amenaza la integridad de los habitantes de ciertas zonas, así como su desarrollo, bienestar y patrimonio”, enfatizó.