Diputados y senadores aprobaron la creación de una comisión de investigación legislativa para obtener información sobre el tema de otorgamiento de permisos para la operación de casinos y casas de apuesta.
Además se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, en el marco del examen sobre la controversia constitucional 123/2012, interpuesta por la Cámara de Diputados, revise y resuelva el expediente con absoluto respeto de la Constitución.
También piden que la Procuraduría General de la República inicie las investigaciones a fin de esclarecer los hechos sobre la probable existencia de una red de tráfico de influencias operada por ex funcionarios de la Secretaría de Gobernación, relacionada con operadores y permisionarios de casinos y casas de apuesta.
Se llama al ministro Alberto Gelasio Pérez Dayan a excusarse de conocer o de participar en la resolución del caso, por ser notorio y ostensible el conflicto de intereses en que podría estar incurriendo.
Se planteó que la Comisión Permanente se pronuncie porque el Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, “que está combatiéndose por la controversia constitucional”, se declarara inaplicable, y que exhortara al secretario de Gobernación para que no lo aplique.
Al respaldar la proposición, el senador Roberto Gil Zuarth pidió agregar un resolutivo para exhortar a la Secretaría de Gobernación a que suspenda la vigencia del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, hasta en tanto el Congreso concluya las investigaciones sobre el estado que guarda esa actividad económica y defina las reglas a las que se deberán someter los juegos y sorteos. La propuesta se aprobó.
Manifestó que se debe investigar con profundidad y claridad el estado que guarda la industria del juego con azar en México así como su regularidad jurídica, no sólo “los supuestos permisos que se otorgaron en último momento o los que se generaron en administraciones recientes”.
Asimismo, el senador Francisco Domínguez Servién propuso añadir un numeral para exhortar a la Secretaría de Gobernación, a efecto de que supervise en todos los municipios de la República Mexicana en donde se encuentren instalados casinos para que verifiquen la legalidad de la expedición de permisos correspondientes por parte de los municipios y si los mismos se encuentran ajustados a derecho, además, que se informen sus resultados al Congreso de la Unión.
La diputada Lilia Aguilar Gil solicitó que la Procuraduría General de la República investigue a fondo y deslinde responsabilidades en torno a este tema “que aparentemente es de millones y millones de pesos en derrama económica”.
Enseguida, el diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro pidió que se inicien de inmediato las investigaciones, porque no puede ser sólo un tema mediático, “ya cobró vidas, hay funcionarios que deben tener responsabilidad y no puede quedar en la opacidad”.
Dijo que se debe aclarar quiénes fueron los responsables; que tanto la Secretaría de Gobernación como la PGR, informen la situación de los casinos y casas de apuesta en nuestro país y que el Poder Judicial resuelva sobre la controversia interpuesta por la Cámara, para tener la certeza de que el reglamento no viole la ley y la Constitución.
El senador José María Martínez Martínez manifestó su voto a favor del punto de acuerdo y presentó una propuesta para eliminar el tercer resolutivo, misma que fue rechazada por la Asamblea.
En su oportunidad, el senador Arturo Zamora Jiménez dijo que la decisión que tome la autoridad que va a ser exhortada, no debe lesionar ni generar vacíos de ley ni una situación de derechos adquiridos indebidamente.