La reforma constitucional político electoral constituye un gran reto para construir una democracia sustancial que garantice y proteja “la soberanía ciudadana” en la emisión del sufragio, y acceder a una nueva autoridad electoral que emita resultados legítimos y confiables, afirmó el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
En su calidad de secretario de la Comisión de Gobernación, sostuvo que el ideal de la modificación a 26 artículos de la Carta Magna es alentar mejores prácticas electorales, a partir de robustecer la independencia del Instituto Nacional Electoral (INE), hacerlo más eficaz y fortalecer la confianza ciudadana.
Sin embargo, apuntó, los electores se cuestionan si la reforma político electoral asegura el incremento de la confianza en la calidad de las elecciones. La respuesta, aseveró, “es de incertidumbre y de cierto optimismo si se cumple un conjunto de condiciones de carácter legislativo, de congruencia jurídica entre la reforma constitucional y la legislación secundaria”.
También dependerá de que la selección de los nuevos consejeros no se empañe por criterios alejados de la verdadera naturaleza del Instituto Nacional Electoral, y si responden verdaderamente a los principios de certeza, objetividad, autonomía y de apego irrestricto a la reforma constitucional y al marco secundario, comentó.
El diputado Huerta Ladrón de Guevara destacó la existencia de oportunidades en la transición del modelo del Instituto Federal Electoral (IFE) al INE para la organización de los procesos electorales y emisión de resultados, por lo que la reforma representa un gran reto para quienes toman las decisiones y para los integrantes del nuevo Consejo General del organismo.
Sin embargo, no descartó la incertidumbre ante la falta de certeza sobre la idoneidad de los consejeros electorales del INE, respecto de su autonomía frente a los intereses partidistas.
Refirió que los criterios de selección de los integrantes del INE, así como la falta de transparencia de éstos y las voces de inconformidad no sólo de ciudadanos, sino de liderazgos partidistas, “dejan una estela de incertidumbre sobre el futuro de la nueva institución electoral”.
En este marco, el diputado Huerta anunció que el próximo 9 de junio será presentada, en el auditorio “Aurora Jiménez de Palacios”, del recinto legislativo de San Lázaro, la memoria editada por Porrúa del Foro Ciudadano “Análisis y Perspectivas de la Reforma Política para el Proceso Electoral 2014.2015”, realizado por los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano, en febrero pasado.
Los coordinadores del libro son los diputados Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) y Alfonso Durazo Montaño (MC); el director del Centro de Investigaciones Legislativas, Adrián Gimate-Welsh, y el abogado Juan Romero Tenorio, especialista en derecho electoral.
Para esa fecha, se prevé la asistencia como comentaristas de las opiniones y cuestionamientos ciudadanos, contenidos en la memoria, del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo (PRD), y de los diputados Alejandro Moreno Cárdenas (PRI) y Alfredo Rivadeneyra Hernández (PAN), presidente y secretario de la Comisión de Gobernación, respectivamente. Además, está invitado Jesús Cantú, ex consejero del IFE.
Explicó que la memoria del Foro Ciudadano tiene nueve secciones: 1) Reforma constitucional y legislación secundaria: alcances, perspectivas y retos; 2) Reforma constitucional y órganos electorales estatales y 3) Reforma constitucional y fiscalización.
Asimismo, 4) Candidaturas independientes; 5) Servicio Profesional Electoral; 6) Tiempos de radio y televisión; 7) Ley de Partidos Políticos; 8) Delitos electorales, y 9) Revisión del voto de mexicanos en el extranjero, asignatura pendiente del Poder Legislativo.
Indicó que los ciudadanos participantes en el foro, expusieron dudas sobre el cumplimiento de los requisitos que permitan el tránsito del IFE al INE, ya que “una gobernanza electoral de calidad supone, al menos, tres tipos de acciones congruentes”.
Una, coherencia entre la reforma constitucional y la legislación secundaria; dos, relación entre la reforma constitucional y la técnica jurídica, y tres, vínculos entre las modificaciones a la Carta Marga, el marco secundario y la administración institucional de parte de los integrantes del Consejo General del INE.
Las dos primeras corresponden a la calidad de la legislación secundaria, y la tercera a las buenas prácticas de los consejos electorales de la nueva institución electoral, “escenario que se vislumbra poco halagüeño”.