La dispersión de recursos para el campo genera ineficiencia y caos y debilita las instituciones, aseguró el senador Heladio Ramírez López, titular de la Comisión de Desarrollo Rural.
Durante un encuentro con funcionarios del sector para revisar la política de apoyos y estímulos al agro, se puso énfasis en la necesidad de que los presupuestos destinados al campo mexicano se concentren en una sola institución.
El legislador priista recordó que contrario a lo que sucede en Estados Unidos donde los apoyos están radicados en una sola dependencia, en México existe una diversificación que distorsiona la aplicación de los programas, afecta a los productores y “fortalece las insatisfacciones”.
En México --acotó-- se trabaja hasta agotar la tierra y hacerla inservible; “se deja abandonada para siempre”, error que se tiene que evitar a través del impulso de una cultura para el desarrollo agropecuario.
Muchos pensaron --dijo--que con la reforma agraria se iba a resolver el problema, pero se les entregaron tierras de mala calidad, se generó una práctica de desigualdad” y se desarrollaron programas de coyuntura porque no existió una política de Estado.
A su vez, el senador Jesús Dueñas Llerenas se comprometió a impulsar en el próximo periodo de sesiones una reforma fiscal que permita canalizar más recursos para el campo.
Destacó la necesidad de modificar la ley para elaborar programas y presupuestos multianuales como ocurre en Estados Unidos, porque “sin los recursos será muy difícil aprovechar todo lo que puede dar el campo”.
México --dijo-- es considerado como una gran potencia productora de alimentos “a futuro”, y por ello es preciso que los tres órdenes de gobierno, las organizaciones de productores y los propios campesinos trabajen en conjunto y de manera coordinada.
Por ello, exhortó a los productores a utilizar las ventajas que representa la agricultura bajo techo y pidió a las autoridades estatales y municipales crear condiciones adecuadas para ello, ya que esta práctica genera empleos y mayor productividad.
Por su parte, la ex directora general de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, ASERCA, Ana Graciela Aguilar Antuñano, señaló que en México, a diferencia de los Estados Unidos, los instrumentos para la política agroalimentaria se reparten entre diferentes secretarías de Estado, lo que crea problemas de coordinación.
“Japón, la Unión Europea y Estados Unidos cuentan con un sólido marco legal e institucional que brinda certidumbre, disminuye los costos de transacción y estimula la inversión productiva”, puntualizó.
Cada uno de los agentes del medio rural tiene problemáticas distintas, por lo que los instrumentos de apoyo deben ser diferenciados; “Sagarpa debería estar enfocado a la producción agroalimentaria y con ello contribuir al desarrollo rural”, enfatizó.
El investigador del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, de la Cámara de Diputados, Víctor Manuel Álvarez Flores, informó que el Programa Especial Concurrente (PEC) cada año cuenta con mayores recursos, pero paradójicamente los apoyos a la producción, comercialización y la pesca pierden peso dentro de su estructura.
Destacó que la mayor parte del presupuesto se destina a gasto corriente, y los programas para la superación de la pobreza registran subejercicios que han sido recurrentes en SAGARPA.
Al primer trimestre de 2011, el Programa Especial Concurrente reportó un subejercicio mayor a 18 por ciento del total aprobado para el periodo.
Por otra parte, en opinión de Héctor Robles Berlanga, investigador de Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), no se necesitan más recursos, porque los presupuestos crecientes han dado pocos resultados.
Al respecto, consideró que lo prioritario es aplicar adecuadamente el presupuesto.
En tanto, Héctor Riemann Valenzuela, director de programación y evaluación de apoyos directos de ASERCA, aclaró que el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), no es un apoyo social porque para otorgarlo se requiere la siembra y tiene como propósito fortalecer el ingreso del productor.
En el contexto internacional --apuntó-- PROCAMPO es considerado como un subsidio verde, porque no distorsiona los precios de los productos agrícolas ni los insumos.
Al respecto, señaló que en 2010 el gobierno federal entregó 14 mil 780 millones de pesos a 2.8 millones de productores que cultivan 13 millones 600 mil hectáreas.
En tanto, Enrique de la Madrid Cordero, director de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa de HSBC, expuso las experiencias de Chile y Brasil, donde el sector fue impulsado y modernizado para generar más empleo y cubrir las necesidades alimenticias de la población.
A la reunión asistieron también los senadores Alfonso Elías Serrano, del PRI, y Antonio Mejía Haro, del PRD.
Estuvieron presentes Noé Serrano Rivera, coordinador de asesores del subsecretario de agricultura; José Antonio Mendoza Zazueta, secretario técnico de proyecto, conocimiento y cambio en pobreza rural y desarrollo UNAM-Sagarpa, y Carlos A. González, agregado agrícola senior de la Embajada de Estados Unidos.
Además de Octavio Jurado Juárez, gerente de la Asociación Mexicana de Desarrollo Agropecuario; Pedro Alejandro Díaz Hartz, presidente de la Unión Nacional de Productores de Arroz; y Héctor Carlos Salazar Arriaga, secretario general de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz.