Las fracciones del PRI, PRD y Partido Verde en la Comisión Permanente presentaron una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley General de Salud en materia de reproducción humana asistida que, entre otros puntos, abre las puertas al mercado de embriones, la importación y exportación de éstos, así como la generación ilimitada y sin control de las células germinales femeninas y masculinas que hacen posible la fertilización.
Suscrita por las legisladoras y legisladores Cristina Díaz Salazar, secretaria general del CEN del PRI; María Rojo, Víctor Hugo Cirigo, María de los Ángeles Moreno Uriegas, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Claudia Ruiz Massieu y Marcela Guerra Castillo, entre otros, la iniciativa genera las condiciones para legalizar muchas de las prácticas ilegales que hoy son una realidad en materia de reproducción humana asistida.
Si bien la exposición de motivos plantea que muchas parejas se enfrentan a mayores dificultades para procrear y que es necesario acercar los adelantos tecnológicos y las nuevas técnicas científicas en la materia, la iniciativa turnada a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados adolece de sanciones a las principales prácticas que atentan contra la dignidad humana en este campo.
De acuerdo a la iniciativa, la nueva legislación eliminaría el concepto “embrión” para reducirlo a la categoría de “óvulo fertilizado”, estableciendo así distintos niveles para la aplicación de legislaciones, tratándose, en un caso, de embrión como el ser vivo en etapa de desarrollo, y el “ovulo fertilizado” únicamente como célula humana.
De esta forma, la iniciativa propone también permitir que las parejas que se sometan a procesos de reproducción humanas asistida creen el mayor número de embriones de los que serán implantados a la mujer, sin que haya una regulación precisa y certera de qué se hará con los embriones congelados sobrantes.
Un aspecto polémico consiste en la autorización para la “destrucción” de embriones sobrantes. No se especifica bajo qué condiciones se hará esta destrucción, quién la hará y bajo qué procedimientos, tratándose de material humano vivo, es decir, de embriones potencialmente viables para la continuación de su desarrollo.
Los legisladores promoventes establecen la prohibición de producción de híbridos o quimeras en los procesos de fertilización de óvulos, única y exclusivamente con fines reproductivos, de tal manera que queda abierta la posibilidad para la experimentación con las células germinales femeninas y masculinas, siempre y cuando no sea con fines reproductivos.
Asimismo, establece la prohibición de la clonación, pero solo con fines reproductivos, de tal manera que con la propuesta de reforma a la ley quedaría autorizada la clonación humana sin fines reproductivos.
Cabe recordar que, de acuerdo con información difundida en medios de comunicación, funcionarios del Instituto Nacional de Perinatología (INP) han sido señalados de estar asociados con el médico argentino Ricardo Asch, quien es reclamado por la justicia de Estados Unidos por la comisión de delitos vinculados al tráfico de embriones y la utilización no autorizada de embriones, así como la implantación de éstos en mujeres distintas a las aportantes de las células germinales que hacen posible la fertilización.
El doctor Asch es socio, en partes proporcionales, con el actual director del área de Reproducción Humana Asistida del INP, el doctor Fernando Gaviño Gaviño, en la clínica Reproducción Asistida en México (RAM).
De ahí el llamado que han hecho diputados de otros partidos a frenar esta iniciativa hasta que no haya un debate profundo, serio y ético respecto a los cambios que se pretenden aplicar.
Un punto que sobresale de la iniciativa es que permitiría la exportación e importación de gametos y embriones, además permitiría fijar una compensación económica a los donadores de estas células, lo cual plantearía en los hechos legalizar un mercado de embriones.
Se propone otorgar hasta cinco veces el salario minino general vigente en la zona económica en donde se genere un caso de entrega acordada" de células germinales femeninas y/o masculinas por cada día que se desplace para efectos de la donación, lo cual en realidad conlleva la entrega de recursos económicos a quien a su vez entregue (“done”) ya sea óvulos o espermatozoides con fines de fertilización.
En la exposición de motivos los grupos legislativos plantean que con las reformas se permitirá el establecimiento de empresas dedicadas a la reproducción humana asistida que deberán contar con la licencia sanitaria correspondiente, siempre y cuando cumplan con una serie de disposiciones que marca la propia Secretaría de Salud.
De esta forma, habría clínicas para la fecundación humana asistida, bancos de óvulos y espermatozoides, así como laboratorios de criogénica, es decir, especializados en la congelación de los embriones y de las células masculinas y femeninas con las cuales se podrán realizar, ya sea, experimentación o fertilización con fines de reproducción.