Las mujeres que ocupan un cargo público o de elección popular deben establecer acciones que prevengan, sancionen y erradiquen la violencia política que se ejerce por razones de género, manifestó Jacinta Aragón Ramírez, promotora social de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
Al participar en el programa de radio EscúchaTE, que se transmite a través del portal de Internet www.te.gob.mx, aseguró que las mujeres, de cualquier rincón del país, tienen la capacidad y el conocimiento para ejercer cualquier cargo de elección popular.
En este sentido, dijo que la paridad de género, establecida en la reciente reforma constitucional en materia político-electoral, contribuirá a erradicar la violencia y discriminación hacia las mujeres de las comunidades indígenas, además de hacer efectiva su participación en la vida política y en los espacios de toma de decisiones.
Señaló que la violencia política hacia el sector femenino se atribuye a múltiples factores culturales, ideológicos, educativos, a la pobreza y, en mayor medida, al sistema patriarcal que ha marcado históricamente la vida familiar y comunitaria en nuestro país, por lo que es necesario implementar acciones que permitan erradicar las barreras culturales y favorecer a las integrantes de esas comunidades.
La mujer zapoteca originaria de San Juan Guivini, Oaxaca, perteneciente a San Francisco Ozolotepec, compartió su experiencia sobre los obstáculos, actos de violencia y discriminación que enfrentó, por el hecho de ser mujer, en su intención por participar, en 2013, en la Asamblea para renovar el Cabildo y las regidurías de dicho ayuntamiento.
Refirió que, al comunicar su aspiración a Baltazar Martínez Gallardo, ex presidente municipal de San Francisco Ozolotepec, éste le respondió: “aquí ninguna vieja viene a mandar, vete a tu pueblo y haz tu elección”.
Desde entonces, Jacinta, quien es la primera mujer profesionista de su comunidad y aprendió el idioma español a los 12 años de edad, se ha convertido en defensora de los derechos de las mujeres en su comunidad y se ha encargado de informarles que, tanto la Constitución como los tratados internacionales, establecen que en los planes municipales estatales y nacionales deben considerar la perspectiva de género.
También les recuerda que ningún uso y costumbre debe estar por encima de la ley ni de los derechos político-electorales de las mujeres.
Por otro lado, Rosalía Palma López, diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Oaxaca, manifestó que en la Legislatura actual están en proceso de armonizar la ley federal con la estatal para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.