Informes que llegan a esta Grilla en el Poder aseguran que no fueron dos, sino tres las empleadas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos las víctimas de acoso sexual por parte de funcionarios de alto nivel.
Y a pesar de lo que grave que se torna el asunto ante la opinión pública, el organismo aún no emite pronunciamiento alguno que aclare el presunto encubrimiento y disuasión por parte del ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva y el primer visitador general del organismo Luis García López-Guerrero.
El abogado Emiliano Robles Gómez Mont, representante legal de las víctimas, lamentó que la institución encargada de vigilar los derechos humanos haya inhibido los intentos de las empleadas por denunciar la situación en la que se encontraban.
Robles Gómez Mont explicó que cuando las dos empleadas, después de la entrevista con el primer visitador, Luis García López-Guerrero, se enteraron que había una tercera víctima que por temor y por una boda en puerta no denunció el delito, decidieron llevar el caso hasta sus últimas consecuencias, porque involucra al ex coordinar de la CNDH.
Por lo anterior, el abogado presentó una denuncia ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, de la Procuraduría General de la República, PGR, y el Ministerio Público consideró que existen elementos suficientes para ejercitar la acción penal y emitir una orden de captura en contra del ex coordinador de comunicación y proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien podrá seguir el juicio en libertad bajo caución tras el pago de una fianza.
El representante legal aclaró que las víctimas no buscan ser reinstaladas en sus puestos, ni mucho menos dinero, simplemente advertir sobre la situación en la que se pueden encontrar muchas mujeres y evidenciar lo que verdaderamente ocurre en el organismo que debe velar por los derechos humanos.
Las pruebas presentadas por las dos mujeres ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos son dos grabaciones donde se involucra a los funcionarios, cartas escritas, mensajes al celular y correos electrónicos hacia las víctimas.