El titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados, doctor Alejandro Romero Gudiño, destacó que el Estado y la sociedad han hecho esfuerzos por transparentar sus actos de manera permanente y consistente para evitar la opacidad.
El IFAI tiene logros en el acceso a la información pública y también en la protección a datos personales, dijo al participar en la conferencia Impacto de la transparencia en las políticas públicas.
A su vez, la doctora Adriana Plasencia Díaz, especialista del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) planteó el nuevo concepto de transparencia focalizada.
Este busca fortalecer la transparencia y acceso a la información, la cual debe ser de utilidad no sólo para quienes están involucrados en procesos de evaluación del gasto público y acciones gubernamentales, sino para los ciudadanos que la soliciten y le permita tomar decisiones adecuadas, apuntó.
Asimismo, regresar este equilibrio social donde la asimetría de la información no sea un elemento que contribuya a las prácticas irregulares en actividades gubernamentales.
Propuso que el ejercicio de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas se amplíe al ámbito privado y ciudadano para combatir la corrupción.
Al respecto, señaló que el gobierno requiere construir un sistema social que vele por el bien común para el fortalecimiento de la sociedad y evitar que prevalezcan los intereses particulares.
Expuso que de acuerdo con diversos estudios, se ha demostrado que a mayor desarrollo económico de un país más transparencia, como lo corroboran Nueva Zelanda, Australia, Europa Occidental, Finlandia, Canadá, China, Rusia y Estados Unidos, que deriva en políticas públicas en beneficio de la sociedad y no de unos cuantos.
Indicó que un gobierno sometido constantemente a escrutinio tiene pocos espacios para la opacidad; la solicitud de información y una respuesta inmediata y eficaz propicia contrapesos en el poder.
La sociedad, dijo, debe estar presente desde que se planea y ejecuta una evaluación para que realmente sea una política pública para el bien común.
Enfatizó que desde el 15 de junio al 23 de agosto de 2012 cada vez son más solicitantes de información de las dependencias públicas, donde la mayoría son los medios de comunicación, académicos y especialistas, aunque la calidad de la respuesta no siempre es la óptima.
Dio a conocer que las dependencias que más solicitudes de información tienen son: IMSS, ISSSTE, SEP, CFE y Semarnat; la más pedida para las tres primeras es sobre trámites y costos de servicios, así como organigrama de la Secretaría de Educación Pública, certificados y nómina de funcionarios dedicados a la docencia; a CFE se le requieren datos sobre tarifas.
Entre las debilidades que presenta la transparencia destacan la falta de intercambio de información entre dependencias o transversalidad para combinarse con las de tipo vertical y horizontal, así como la carencia de un indicador de transparencia, ya que actualmente no se puede medir qué institución es menos o más transparente respecto de otras.
Finalmente, aseveró que si bien los Estados y las instituciones y el sector privado requieren tener áreas de confidencialidad, la mayoría no requiere de secrecía porque ello ocasiona opacidad, inclusive las dependencias tramitan amparos para no revelar cierta información; el problema para auditores es la carencia de archivos públicos o memorias gubernamentales, aseguró.