Por Isabel Rodríguez

La aplicación de un impuesto adicional a los refrescos, como una medida para contrarrestar la obesidad, no resolvería este problema de salud pública en México y, por el contrario, tendría un efecto económico regresivo que afectaría a la población con menores ingresos, comerciantes minoristas, industria refresquera, así como a todos los eslabones de la agroindustria azucarera nacional, afirmaron representantes de los sectores que integran la cadena productiva caña de azúcar–refrescos.

En conferencia de prensa, representantes de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar, la Unión Nacional de Cañeros, AC–CNPR; la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA); el Sindicato de Trabajadores de la Industria Embotelladora–CTM; el Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana (STIASRM); la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC), así como la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes Plutarco Elías Calles, AC (ANPEC), se pronunciaron en contra de una posible medida fiscal que consideraron inequitativa y desproporcionada.

Al respecto, Emilio Herrera Arce, director general de la ANPRAC, señaló que el refresco es el único producto —de la categoría de alimentos y bebidas— de la canasta básica que ya paga IVA, por lo que la aplicación de un gravamen adicional a esta bebida elevaría 40 por ciento su carga fiscal, además de afectar 14 veces más el ingreso real de las familias de escasos recursos, en comparación con el segmento poblacional de mayores ingresos.

Por su parte, el presidente de la CNIAA, Juan Cortina Gallardo, advirtió que para el sector azucarero en México, un impuesto adicional propiciaría la caída de la demanda de azúcar por parte de la industria refresquera nacional, que representa 20 por ciento del consumo interno del endulzante, además de agudizar la situación crítica por la que atraviesan productores de caña e ingenios azucareros.

En su oportunidad, Cuauhtémoc Rivera, representante de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), apuntó que el impuesto adicional a refrescos también tendría un efecto negativo para los pequeños comercios, tiendas de abarrotes y misceláneas, ya que la venta de refrescos es su principal fuente de ingresos, al representar entre 25 y 30 por ciento de sus ventas totales.

Respecto al señalamiento del consumo de refrescos como causa directa de los altos índices de obesidad en México, los integrantes de la cadena productiva caña de azúcar–refrescos coincidieron al señalar que no existe evidencia científica que respalde dicha aseveración.

En este sentido, el presidente de la ANPRAC, Fernando Ponce, refirió que no hay antecedentes, en materia económica y de salud, que den sustento al impuesto a refrescos como una medida eficaz para reducir la incidencia de enfermedades cardiovasculares.

Con información de la revista digital 2000 Agro