El diputado federal Enrique Alejandro Flores Flores presentó la siguiente iniciativa que expide la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación, reforma el artículo 217 del Código Penal Federal y deroga el 66, 71 y 73 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional me permito presentar esta iniciativa que propone legislar y concretar los acuerdos alcanzados en las legislaturas anteriores al establecer reglas claras relacionadas con las remuneraciones de los servidores públicos, por lo que se plantea la creación de una ley en materia de remuneraciones a los servidores públicos que reglamentará el artículo 127 de la Constitución General de la República.
La sociedad mexicana a lo largo de su historia ha enfrentado el abuso de muchas autoridades soportando la oscuridad de las cuentas gubernamentales, de las acciones del gobierno y la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Han sido muchos los excesos que las autoridades y los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno. La historia ha sido testigo de la opacidad en la que se manejaron varios recursos y los bienes de la nación durante muchos años. Sin embargo, México ha cambiado, ha transformando la opacidad en transparencia, el abuso en rendición de cuentas y el autoritarismo en democracia. Pero estos esfuerzos son apenas el cimiento que la sociedad mexicana demanda.
Necesitamos con celeridad concretar los avances legislativos obtenidos en legislaturas pasadas, particularmente uno de los temas más sensibles para la sociedad es el relativo a las remuneraciones de los servidores públicos, sobre todo por la gran brecha que existe entre las percepciones de los funcionarios públicos en comparación con los salarios de la familia promedio.
Éste ha sido un reclamo durante muchos años ignorado por las autoridades. Se trata de un asunto de justicia social, de transparencia y de equidad. Recordemos que el pasado 24 de agosto de 2009 se aprobó una modificación constitucional estableciendo por primera vez en la historia de México reglas claras relacionadas con las remuneraciones de los servidores públicos. Esta reforma tuvo sus orígenes, como bien dije, en 2009.
Diversas iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal también dieron paso a estas reformas. Así mandata a establecer los límites de las remuneraciones de los servidores públicos, y la existencia de las reglas claras para que existan con bases técnicas la determinación de las remuneraciones de acuerdo al nivel de responsabilidad y funciones que realizan los servidores públicos. Y, finalmente, aplicar un esquema de sanciones en el ámbito administrativo y penal para aquellos que vulneren las disposiciones constitucionales en materia de remuneraciones de los servidores públicos.
Por lo anterior, es necesario que a través de una ley, el mandato constitucional se traduzca en mecanismos eficaces, confiables y accesibles para que la sociedad conozca de manera clara y oportuna, la información sobre el manejo y destino de los recursos públicos que se destinan al pago de las remuneraciones de los servidores públicos.
Cabe recordar que la reforma constitucional estableció en el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que en el ámbito de su competencia deberían expedir una legislación relativa en relación a sus remuneraciones, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor, situación que como vemos, tiene dos años de retraso.
Es por ello que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a través del entonces diputado Francisco Ramírez Acuña presentó una iniciativa de remuneraciones de los servidores públicos de la Federación, la cual proponía que las remuneraciones que se cubrieran a los servidores públicos invariablemente deberían otorgarse con base en criterios de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestaria y deberían determinarse con base en un régimen de remuneraciones equitativo, igualitario y transparente.
Sin embargo, dicha iniciativa no fue dictaminada por las comisiones correspondientes, por lo que resulta de mayor relevancia para quienes integramos esta LXII Legislatura el impulsar de nueva cuenta un proyecto que nos permita al fin contar con un ordenamiento que atienda los criterios contenidos en la reforma constitucional de 2009.
Con esto, Acción Nacional reafirma su compromiso por sacar adelante las reformas que tanto urgen al país, particularmente aquellas en las que se requiere legislar para cumplir con los compromisos asumidos con el Congreso de la Unión y de cara a las demandas de la sociedad mexicana.
Es claro para todos que en nuestro país existen abusos arraigados en ciertas prácticas administrativas del país, pero es nuestra obligación establecer normas que eviten la desproporción, el exceso, y el abuso y la discrecionalidad en las remuneraciones de los servidores públicos por el desempeño de sus funciones.
Por ello, debe contarse con criterios que permitan otorgar una remuneración que retribuya con justicia el trabajo que se realice y que simultáneamente sea establecida en coherencia con las posibilidades presupuestarias. No es cierto que a la Federación le sobra el dinero.
El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, comprometido con los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y legalidad, a través de su presente iniciativa contribuirá a dar certidumbre y transparencia a los propios servidores públicos y por ende a los ciudadanos, con respecto a la determinación y el pago de sus remuneraciones.
Cabe destacar que todos los servidores públicos, sin importar su régimen laboral, estarán sujetos a esta ley, incluyendo a aquellos que se contraten de manera eventual. El personal contratado por honorarios no está sujeto a la ley, derivado que se trata de un régimen de contratación regulado por la legislación civil.
Así pues, estableciendo como principio rectores de las remuneraciones la anualidad, el reconocimiento al desempeño; la equidad; la fiscalización; la igualdad; la legalidad; la transparencia y la rendición de cuentas, respecto a la integración de remuneraciones se establece que éstas se integrarán por percepciones ordinarias y extraordinarias, estableciendo que éstas últimas sólo serán cubiertas cuando se cumplan diversas variables.
De la misma manera, el proyecto establece que el concepto de remuneración total anual, el cual ya está vigente en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, constituye el límite máximo de remuneraciones y desglosa todos los pagos que se realizan por concepto de percepciones ordinarias y extraordinarias.
De acuerdo con el texto constitucional, la remuneración total anual del presidente de la república es el referente para determinar las remuneraciones de todos los demás servidores públicos, así la remuneración anual del Presidente se incluirá en un apartado específico en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el que se señalen las cantidades que para cada concepto corresponda en términos brutos y netos.
Por otro lado, con base en el límite aprobado en la remuneración total anual se continuarán presentando los tabuladores del Presupuesto de Egresos de la Federación para cada grupo de servidores públicos.
Los tabuladores de la Administración Pública Federal serían aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Los demás poderes y órganos elaborarán sus tabuladores sujetos al tope establecido en la remuneración total anual del Presidente de la República.
La iniciativa también plantea la creación del manual de remuneraciones mediante el cual los órganos públicos se encuentran obligados a publicar en el Diario Oficial de la Federación y en Internet las reglas para el pago de remuneraciones.
Las disposiciones para determinar las percepciones extraordinarias, los tabuladores, las reglas para el otorgamiento en caso de las erogaciones que no formen parte de las remuneraciones.
Es de suma importancia resaltar que la elaboración de los manuales y tabuladores de los servidores públicos tomarán en cuenta las recomendaciones del Comité de Expertos en Remuneraciones, el cual será un órgano técnico de carácter ejecutivo para evaluar, emitir recomendaciones en lo general, coadyuvar en la determinación de remuneraciones de los servidores públicos.
Dicho comité estará integrado por un representante del Poder Legislativo, uno del Poder Judicial, uno del Ejecutivo, un representante común de los órganos constitucionales autónomos, Banco de México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos e Instituto Federal Electoral, además de cuatro expertos independientes en donde los expertos independientes son designados por el Ejecutivo Federal mediante convocatoria pública.
La única excepción permitida sería exclusivamente cuando la ley de carácter laboral así lo prevea, caso en el cual las remuneraciones tendrán que fijarse en un capítulo específico de las condiciones generales de trabajo y no podrán establecerse en el pago de remuneraciones por los mismos consejos.
Finalmente, la nueva legislación que propone Acción Nacional tiene el objeto de promover en nuestra sociedad la conciencia de todos y cada uno de los servidores públicos, cualquiera que sea su nivel, el órgano de Gobierno que preste el servicio o el que la remuneración que reciba sea en contraprestación por éstos, no sea sino resultado de su desempeño honesto, transparente, sustentado en su vocación de servicio para la población y en su compromiso por el futuro de México.
Para Acción Nacional resulta de mayor importancia impulsar las reformas que sean necesarias para dotar al Estado mexicano de un marco jurídico acorde a las exigencias que la sociedad demanda.
Llamamos a todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara a aprobar a la brevedad la Ley de Remuneraciones de los Funcionarios Públicos a efecto de cumplir con el mandato constitucional al que estamos obligados desde el 2009 y que por falta de voluntad política no se ha concretado la misma.
Hoy es el momento de consolidar nuestras instituciones, de actualizar el marco jurídico y constitucional y dar respuesta a las exigencias que la sociedad demanda.
Unidos, sin distinción de partidos y creencias políticas invito a esta Legislatura a dar paso adelante en materia de transparencia, vamos por esta reforma.