El senador priista Arturo Zamora Jiménez presentó una iniciativa para eliminar de la credencial para votar con fotografía el domicilio de los ciudadanos, pues “no es un elemento de seguridad electoral” y aumenta el riesgo de que sean víctimas de delitos violentos como el robo a casa habitación, secuestro, extorsión o suplantación de identidad.
Se trata, dijo, de reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de suprimir este dato que “es ocioso y hasta nocivo” para los titulares del documento que emite el IFE.
Resaltó que según el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, en seis de cada 10 casos los miembros de bandas de secuestradores retuvieron a sus víctimas y aprovecharon la información del domicilio contenido en la credencial como medio de extorsión y amenaza.
Agregó que expertos en seguridad de la Procuraduría General de la República recomiendan a los servidores públicos que laboran en esta dependencia no portar su credencial de elector, a menos que se tenga planeado hacer algún trámite con ella, para evitar que en caso de ser víctimas de la delincuencia se conozca su domicilio.
Citó que de acuerdo con el Centro Nacional de Atención Ciudadana de la Policía Federal, al año se reportan, en promedio, 50 mil casos de extorsiones, en los que se utilizaron los datos de la residencia de los ciudadanos como arma de extorsión y amenaza.
Por otro lado, Zamora Jiménez destacó que la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros detectó 300 mil casos de robo de identidad en 2010, pero la cifra podría ser mucho mayor si se considera que el 52 por ciento de la población mexicana ha sufrido la pérdida y/o sustracción ilegal de documentos personales.
El problema es tan grave en México, advirtió el legislador por Jalisco, que tanto instituciones de crédito como la Procuraduría Federal del Consumidor ya emitieron alertas sobre este crimen.
Dijo que en 2011 el monto reclamado por los usuarios de la banca relacionado con fraudes por suplantación de identidad con tarjetas de crédito y débito, transferencias electrónicas o cheques, ascendió a 476 millones de pesos.
Del mismo modo, hizo notar que dicho delito deja pérdidas anuales por casi nueve millones de dólares y afecta tanto a usuarios como a instituciones públicas y privadas, según estudios del Instituto Politécnico Nacional.
También mencionó que en el mercado negro la venta de credenciales de elector, ya sean robadas o extraviadas, es muy lucrativo, ya que le permite a los delincuentes localizar vivienda e identidad de sus posibles víctimas.
En este contexto, reiteró que la credencial para votar con fotografía no es considerada como un comprobante de domicilio y la inclusión de este dato “no cumple con ninguna medida de seguridad electoral, es ocioso y hasta nocivo para los titulares de la misma”.
En la exposición de motivos se refiere que de acuerdo con el Instituto Federal Electoral en la reciente elección federal más de 84.5 millones de mexicanos contaron con credencial para votar con fotografía.