Con diversas inconsistencias de fondo en el Punto de Acuerdo y aún sin haber encontrado rastros o evidencias de lo que se presume, la Cámara de Diputados llamó a comparecer ante la Comisión de Función Pública a los cinco comisionados que componen el pleno de la Cofetel.
Fundamentan el llamado a comparecer ante las acusaciones, sin probar, de un par de artículos de prensa que infieren que el Comisionado Presidente pudo haber dado contratos a sus amigos, sin licitación de por medio.
La realización de los contratos siguió el procedimiento previsto en la Ley de Adquisiciones, específicamente por lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 42 de la Ley que señala: “La procedencia de la adjudicación directa sólo podrá ser autorizada por el Oficial Mayor o equivalente”.
En este caso, la adjudicación directa fue autorizada por la Coordinadora General de Administración de la Cofetel y, los dos contratos en cuestión, se encuentran a precios competitivos de mercado y, para su autorización, los precios fueron comparados con dos opciones más, aun cuando la Ley no lo prevé en estos casos.
Hasta pareciera que se trata de una medida más de presión de los grupos de interés en la televisión digital y la licitación de la tercera cadena de televisión, pues resulta de la solicitud y defensa a ultranza de que comparezca el pleno de la Cofetel, la dio el diputado priista César Augusto Santiago, precisamente el día que los cinco comisionados tenían agendado en el orden del día la discusión sobre los temas antes referidos, el 18 de enero.