Para investigar la procedencia de los recursos en los negocios, el gobierno de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la “Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, que a partir del 1 de septiembre entró en vigor.Esta disposición de manera directa afecta a la industria del blindaje automotor, en virtud de que sobre regula y exige multiplicación de datos y documentos a compradores de vehículos reforzados.
“Los narcotraficantes, tratantes de personas, traficantes de arte, de especies en peligro de extinción y otros tipos de delincuencia organizada, mueven el dinero en el sistema financiero y con ese fin de rastrear este capital, se generan este tipo de leyes, en las cuales las personas honestas se ven perjudicadas.
“Como dice el dicho, pagan justos por pecadores”, afirmó además José Eduardo Llanos Valderrama, presidente de la Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores (AMBA).
Explicó que de acuerdo con el Artículo 17 de Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se determina cuáles empresas realizan Actividades Vulnerables, y en el mismo se establecen montos límites para cada actividad, los cuales determinan la identificación del cliente, así como a partir de qué monto serán objeto de aviso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los cuales podrán ser verificados a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Los blindadores automotrices entran en esta categoría.
Para la AMBA este trámite sería engorroso e incómodo para con el cliente, quien desconfiaría sobre la seguridad de sus datos. Llanos Valderrama comentó: “Hay una parte del reglamento que dice que se le debe proporcionar un escrito al cliente donde se le pregunte su nombre, RFC, ocupación, ¿Quién usará el vehículo? ¿A qué se dedica? ¿Quién lo pagará? y ¿De cuál cuenta financiera? documento que se reportará cada mes. Lo cual se antoja muy complicado por tanto papel que se requerirá”.
Dicho reporte deberá tener datos del cliente y será responsabilidad de la empresa con Actividad Vulnerable cerciorarse de que los datos sean fidedignos, solicitará al cliente información sobre su actividad u ocupación como lo marca el Artículo 18 de esta ley.
El titular de la AMBA mencionó que la medida presionará al blindador, ya que el cliente quizá no esté de acuerdo en proporcionar sus datos. “Tenemos que revisar nuestro aviso de privacidad con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), para que esté seguro”.
Puntualizó que a partir del 17 de noviembre del año en curso, se empezarán a reportar los datos de los clientes. Pero si la AMBA o cualquier otra empresa tienen alguna omisión en la declaración de información, se le imputará una multa que va desde los16 mil pesos. Y si de plano se niega a presentar la declaratoria, las multas son desde 625 mil hasta 4 millones de pesos.
Las sanciones serán por: Omisión de presentación de la información, o si no hay un procedimiento (manuales de cómo las compañías recaban y presentan la información).
A partir del primero de octubre, las empresas con Actividad Vulnerable deberán registrarse ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y deberán proporcionar datos del responsable de la información, en caso que no se tenga, será el administrador único o el Consejo de Administración quien estará a cargo.
“Esto será a través de la UIF institución vigilante, que hará auditorías, revisión de documentación y nos calificarán.
Llanos Valderrama declaró que como industria, los blindadores están sobrerregulados.
“A través de la Secretaría de Gobernación, por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) se nos pide un reporte de quién blinda y su identificación, pero además también somos regulados por el Registro Público Vehicular (REPUVE), donde tenemos que declarar además qué se blinda y con qué nivel. Y ahora esta ley pide la misma información, lo cual indica duplicidad de obligaciones”.
Que la responsabilidad recaiga en el sistema financiero”
El empresario comentó que las compañías blindadoras reguladas desde 2008, piden a sus clientes una identificación. “Creo que Colombia ha tenido una ley anti lavado de dinero bastante fuerte, orientada a la operación financiera”. Es decir, para el directivo este tipo de controles funcionarían si los absorbe el Sistema Financiero. En Colombia el tema de perseguir el dinero por el Sistema tiene 15 años: Ingresos y gastos deben ser coherentes, todo debe perseguirse a través del sistema financiero y no a través de las actividades comerciales de compra y venta”, añadió.
Al respecto, la AMBA aboga por que todos los sistemas de control de operaciones de procedencia ilícita queden en el Sistema Financiero”.
En México –explicó-, los bancos tienen regulaciones para quien deposita dinero en efectivo, por lo tanto que sea a través del Sistema Financiero que recaiga todo tipo de operaciones que se realice en las empresas. Al tener muy bien monitoreado el Sistema Financiero del circulante del dinero, se hace un control de manera electrónica que es más eficiente que hacerlo de manera documental, no hay forma de procesar la información en papel.
La AMBA planea reunirse con las asociaciones Mexicanas de Distribuidores de Automotores (AMDA) y Nacional de Comercializadores Automotrices (ANCA), así como empresas del sector automotriz para llegar a un acuerdo y plantearlo ante la SHCP.
“Un millón de vehículos se comercializan en el país. El blindaje es un negocio importante, pero no significativo dentro del negocio general de venta de vehículos. Creo que el movimiento hacia cómo nos vaya a funcionar la ley vendrá de parte del sector inmobiliario y sector automotriz.
Nos uniremos con otras asociaciones y empresas para lograr una forma más fácil de cumplir con el reglamento”, acotó Llanos Valderrama.
Dijo que esta ley sólo va a generar una carga administrativa colosal a las autoridades. El gobierno tendrá infinidad de reportes que va a ser imposible procesarlos. Serían 700 mil registros al año, sólo de la comercialización de vehículos en general y faltan todas las demás actividades consideradas como vulnerables.
“Recordemos que el mercado mexicano es de 2 millones de vehículos anuales y un millón vendidos por los distribuidores a nivel nacional y otro mediante la entrada de carros usados de
Estados Unidos, La mayoría de estas transacciones deberan ser reportadas por efectos de la ley.
Sin duda, del sector automotriz ´van a llover´ los amparos con respecto a la nueva ley.