El México ilícito
Delitos como el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, el soborno a servidores públicos y el abuso de autoridad cuestan a México 1.5 billones de pesos al año, lo que obliga al Congreso a legislar para establecer en el país riguroso control de los recursos públicos y la rendición de cuentas, reconocen en el Cámara de Diputados.
Aquí las palabras textuales del diputado federal Arturo Escobar y Vega, al señalar, de manera insistente, que en México urge la rendición de cuentas:
“El combate a la corrupción, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de la ley son temas esenciales para vigorizar nuestra democracia, porque la falta de transparencia y rendición de cuentas son obstáculos para el desarrollo social, político, económico y administrativo del país.
“Por ello, es necesario conjugar las voluntades del Legislativo, senadores y diputados para crear un Sistema Anticorrupción Autónomo que combata y sancione aquellas conductas irregulares o ilícitas efectuadas por los servidores públicos.
“La corrupción es un mal que atenta contra los mexicanos, y daña la legitimidad del Estado y del Gobierno y el reto es diseñar e implementar una estrategia que permita recuperar la confianza ciudadana a partir de transparentar la acción pública.
“Desafortunadamente delitos como el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, el soborno a servidores públicos y el abuso de autoridad cuestan a México cerca de 1.5 billones de pesos al año, según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.
“Es tiempo de unir ideas, pues más allá de la fuerza política o Grupo Parlamentario a la que pertenezcamos, es necesario alcanzar los consensos políticos que nos permitan erradicar la corrupción de manera eficaz, a partir de garantías y estrategias que logren identificar y sancionar estas conductas.
“Desde el principio de la actual administración, se ha visto y confirmado el compromiso del Gobierno federal por crear un Sistema Nacional de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción en México, mejor estructurado y diseñado de tal forma que los mexicanos demanden acciones inmediatas en contra de la corrupción.
“Por esta razón deben conjugarse las propuestas del gobierno, los principales actores políticos y los partidos políticos, para enriquecer un proyecto que busca conformar un órgano responsable de perseguir, combatir y sancionar los actos de corrupción, con plena participación de expertos y ciudadanía”.