Diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM, Movimiento Ciudadano, PT y Nueva Alianza reconocieron que a pesar los avances en materia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, todavía quedan muchos pendientes, pues siguen siendo víctimas de pobreza, inseguridad, explotación, violencia, desnutrición y de la delincuencia organizada.

Al fijar su posicionamiento sobre el Día Internacional de los Derechos del Niño, que se celebró el pasado 20 de noviembre, la diputada Loretta Ortiz Ahlf (PT) denunció que ni los gobiernos federal, estatales y municipales, ni la sociedad han sido capaces de garantizar a todos los niños sus derechos, a pesar del marco legal existente.

Indicó que este sector se encuentra en estado de absoluto abandono, principalmente “los menores que están en la calle, los migrantes y los indígenas, unos explotados sexual o laboralmente y otros secuestrados por sicarios o narcotraficantes e, incluso, reclutados por ellos”.

Pidió que se hagan efectivos sus derechos y que las entidades y el mismo Estado los garanticen. “Este día es más que oportuno para hacer votos y reflexionar acerca de la obligación no solamente del Estado sino de toda la sociedad hacia los niños”, señaló.

De Nueva Alianza, el diputado José Angelino Caamal Mena planteó impulsar una agenda para y por la infancia, pues varios sufren maltrato en el entorno familiar;  violación de sus derechos en el hogar y por las instituciones; hay una inadecuada educación sexual, tienen fácil acceso a las drogas y son víctimas del bullying escolar.

Demandó generar bases de datos oficiales que establezcan la realidad y vulnerabilidad que viven las niñas y los niños del país. “De esta forma podremos generar estrategias de prevención con enfoque hacia los derechos de la niñez”, dijo.

Recordó que actualmente existen más de 18 millones de niñas y niños en pobreza, el 56.3 por ciento del total de menores que habitan en el país (35.5 millones).

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (Movimiento Ciudadano) expresó que en México la delincuencia organizada mantiene esclavizados a más de 25 mil menores de edad. Además, 2.6 millones de niños presentan síntomas de desnutrición, y los mayores índices se registran en Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Campeche, Oaxaca y Guerrero.

Mencionó que a pesar de que en México en la última década se han gestado grandes avances en la garantía de los derechos de la infancia, no han resultado suficientes para cumplir plenamente con los compromisos derivados de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos, así como la reforma a los artículos 4 y 73, ofrecen un campo de oportunidad para resignificar los derechos de las niñas, niños y adolescentes; sin embargo, “debemos estar conscientes que la promulgación de una Ley de los Derechos de la Infancia no cambiará el paradigma tutelar aún existente, ni tampoco bastará para garantizar de manera efectiva sus derechos”.

A su vez, el legislador Ricardo Astudillo Suárez (PVEM) argumentó que la desigualdad, discriminación y violencia abarca a niñas y niños, pero se debe seguir atendiendo a este sector y mejorar sus derechos.

 “Tenemos que reflexionar qué es lo que está pasando hoy en el tejido social de los adultos. Si un niño no recibe la instrucción adecuada, quiere decir que estamos fallando en la política educativa. Si ingresa a la delincuencia organizada, estamos fallando en los programas de prevención social”, apuntó.

Resaltó que si se les atiende puntualmente, con la legislación adecuada y la protección de sus derechos y las oportunidades, se empezarán a notar resultados a mediano y largo plazo. “Hay que empezar a romper paradigmas en el tema de la infancia. La niñez no es destino, sino futuro”.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) manifestó que la vida de las niñas y niños está amenazada por la violencia en todas sus diversas manifestaciones, “desde los conflictos armados, falta de acceso a la educación, desnutrición, trabajo infantil, adicciones, trata de personas, explotación sexual y otras violaciones a sus derechos humanos”.

Expresó que, hasta el momento, las leyes nacionales carecen de disposiciones para que los niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de maltrato o cualquier otro acto discriminatorio puedan beneficiarse de medidas que permitan su recuperación física y psicológica, y su reintegración social.

Urgió a construir una Ley General de Garantías para Niñas, Niños y Adolescentes, ya que será una respuesta inmediata a todas las omisiones que se han tenido con esta población que padece serias carencias y sus derechos han sido vulnerados.

Por Acción Nacional, la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena señaló que la violencia contra las niñas y niños es un tema de vital preocupación, pues es una amenaza para su desarrollo, ya que de acuerdo al Informe Nacional sobre Violencia Género en la Educación Básica, dos terceras partes de niñas, niños y adolescentes de escuelas en el país expresaron haber recibido al menos una agresión física durante los últimos años.

Mencionó que a pesar de que hasta el momento no han sido publicadas las cifras oficiales sobre los que han fallecido en el contexto del combate contra y entre el crimen organizado, “la percepción general es que las niñas, niños y adolescentes han sido impactados por el incremento de la violencia causada por el crimen organizado en el país y por las operaciones para su combate”.

Recordó que los derechos de la niñez están ratificados pero no garantizados, por lo que se debe crear una legislación especial para cada uno de los grupos más vulnerables, pues se requiere de un marco legal que considere a los menores de edad como sujetos de derechos y no sólo de protección.

La diputada Flor Ayala Robles Linares (PRI) puntualizó que la situación de la niñez está sobre-diagnosticada, por lo que convocó a partidos políticos, a los tres niveles de gobierno, a la iniciativa privada, a los sindicatos, a los líderes de opinión y a las organizaciones sociales, a fin de coordinar un gran esfuerzo por la niñez.

Se requiere, afirmó, una estrategia que proscriba el trabajo infantil, erradique la trata de menores, desaparezca a los niños de la calle, castigue a los reclutadores de niños en tareas delincuenciales y deje en cero por ciento el índice de analfabetismo.

 

Con la aprobación del Presupuesto 2014, dijo, se dio un gran paso, pues incluye una partida de 650 mil millones de pesos para la atención de niñas, niños y adolescentes en rubros como la educación, salud, recursos dirigidos a las comunidades indígenas, apoyo alimentario, becas y atención materno-infantil.