Ante el reconocimiento de que hicieron mal una ley de elemental importancia para el pueblo, legisladores federales aceptaron que la trascendencia del trabajo parlamentario radica en la adecuada redacción de las normas que rigen nuestro sistema jurídico y Se dijeron dispuestos a enderezar el mal trabajo realizado.
“Del éxito de nuestra labor depende que el nuevo Sistema Penal Acusatorio se convierta en una de las herramientas más poderosas para acabar con el cáncer de la impunidad. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, tomando en cuenta los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, son las obligaciones a las que por ministerio de Ley se comprometen las autoridades en materia penal, razón por la cual no debe haber un espacio, por mínimo que parezca, para la imprecisión o la duda en cuanto a la entrada en vigor de las normas”, dijo textualmente desde la tribuna parlamentaria el senadorFernando Bribiesca Sahagún.
Y fue aquí cuando evidenció la pifia de una reforma legal: “La reforma que se somete a su consideración busca subsanar una imprecisión y un yerro no sólo en la entrada en vigor de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, sino de diversas leyes como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la Ley Federal de la defensoría Pública, debido a que existía una imprecisión legal en cuanto a la entrada en vigor de las reformas a nivel federal y a nivel estatal”.
Recordó que hace 6 años inició en México una nueva etapa en materia de justicia penal, cuando el 18 de junio de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que daba origen al nuevo Sistema Penal Acusatorio.
Dijo que a partir de entonces se puso en marcha el más profundo cambio en la impartición de justicia en la historia del país. La transformación del sistema penal ha sido un hito que ha requerido un enorme esfuerzo de todos los órdenes de gobierno, así como de los tres Poderes del Estado mexicano.
En este sentido, añadió, el Poder Legislativo ha asumido su responsabilidad y ha respondido en tiempo y forma al aprobar las reformas necesarias para la implementación del nuevo sistema.
Así, puntualizó el senador, el 8 de octubre de 2013 fue publicado el Decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para facultar al Congreso de la Unión para expedir la legislación procedimental única. “Los esfuerzos del poder legislativo culminaron con la publicación del Decreto que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, el 5 de marzo de 2014.
Dicho Decreto establece que la entrada en vigor será gradual en los términos previstos en la Declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016.
Ahora, precisó, los tecnicismos de la reforma que impulsamos están debidamente sustentados en el dictamen, y es importante que quede claro para la población que la razón fundamental de esta reforma radica en armonizar toda la legislación en cuanto a su entrada en vigor y otorgar de este modo certidumbre jurídica en cuanto a la aplicación de la norma.