El senador Jorge Luis Preciado aseguró que la Ley General de Víctimas debe tener muy clara la responsabilidad de que los 31 estados de la República y el Distrito Federal tienen que crear un fondo económico para prestar verdadera atención a las víctimas.
El senador por Colima expresó que en las reformas a la Ley General de Víctimas, que aprobó el Senado de la República la semana pasada y que será discutida en los próximos días en San Lázaro, aún queda pendiente adicionar un artículo en donde se establezca la responsabilidad de todas las entidades federativas para crear un fondo que tenga por objeto dar atención adecuada a las víctimas de los delitos, pues, dijo, se debe tomar en cuenta que nueve de cada diez delitos que se cometen en nuestro país son del fuero común.
Añadió que esa situación se puede subsanar adicionando el artículo 140 bis, el cual otorgará una garantía a las víctimas al solicitar la reparación del daño, ya que “de nada sirve tener comisiones estatales que van a atender víctimas si no tienen un fondo estatal para que se pueda cubrir con recursos económicos las solicitudes”.
Preciado Rodríguez consideró que es muy bueno que los gobernadores, a través de la CONAGO, se involucren en la atención a las víctimas; sin embargo, tienen que hacerlo también con un fondo económico.
“Lo que estamos pidiendo en este 140 bis, es que los estados creen un fondo con sus presupuestos locales para que con estos fondos puedan atender a las víctimas; no estamos diciendo de cuánto, no se le está poniendo un porcentaje de su presupuesto,no estamos hablando ni de un peso ni de millones de pesos, solamente queremos que los estados asuman esta responsabilidad de tener un fondo de atención a las víctimas porque nueve de cada diez delitos que se cometen en el país, se cometen en las entidades federativas, es decir, son del fuero común, no del fuero federal”, subrayó.
Finalmente, expuso que si los gobernadores van a participar en la aplicación de la Ley General de Víctimas, deben hacerlo también de forma económica. Sólo cuando no lo puedan crear para pagarle a las víctimas, entonces la federación deberá aportar un subsidio y después descontarlo de sus participaciones federales.