En reunión de trabajo, diputados de la Comisión Especial de Programas Sociales dieron a conocer que buscarán simplificar las reglas de operación de estos esquemas, a fin de eliminar el alto porcentaje de actos de corrupción que se cometen con ellos, y abonar a la transparencia en la aplicación de los recursos.
Con reformas a los artículos 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, plantearán que desde la concepción de los proyectos, las reglas de operación tengan altos índices de simplicidad y que las dependencias las confeccionen de manera homogénea.
En el documento que suscribirán legisladores del PRI, PAN, PRD, PVEM, MC, PT y NA, mencionan que actualmente la complejidad no se limita sólo a la heterogeneidad, sino que se agudiza al encontrar que existen reglas que contienen hasta 6 programas sociales en un sólo documento, resultando publicaciones con más de 400 páginas en una sola sección.
Tal situación provoca que la población objetivo encuentre complicada la interpretación de los contenidos, lo que propicia, en ocasiones, caer en el incumplimiento en tiempo y forma de los requisitos que se solicitan a los interesados.
Refieren que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), existen en México 25.3 millones de personas que carecen de servicios de salud; 15.9 millones no tienen calidad y espacios en la vivienda y 23.5 millones poseen ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo.
Por ello es imperioso asegurar que los programas sociales sirvan para lo que son creados y lograr que la ciudadanía cumpla con los requisitos de cada uno de ellos, para que acceda a estos apoyos; satisfacer sus necesidades, y asegurar la correcta aplicación de los recursos públicos destinados para tal fin, puntualizan.
Destacan que el uso indebido de los programas sociales es un problema que debe ser erradicado, sin que se lucre con ellos, y se permita a la población tener acceso a los subsidios sin condiciones ni trampas de ninguna especie.
Los diputados denuncian que las dependencias ejecutoras de programas sociales, al elaborar los proyectos de las reglas de operación, no toman en cuenta los principios de que deberán ser simples y precisas, con el objeto de facilitar la eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos y operación de los programas.
Además, los dictámenes que emite la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) no tienen carácter vinculatorio, lo que permite que las observaciones que ese órgano desconcentrado de la Secretaría de Económica les hace llegar a las dependencias, contribuyan a una mejora.
Concluyeron que los contenidos de las reglas de operación no son corregidos antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo que resalta la importancia de asumir la obligación de atender las observaciones de la COFEMER.