Durante el tercer y último día de audiencias públicas convocadas por las comisiones unidas que dictaminará la Ley General para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, enviada a la Cámara Alta por el Ejecutivo federal como iniciativa preferente, los senadores por Acción Nacional reconocieron el trabajo y opinión de las organizaciones de la sociedad civil para enriquecer el dictamen.
El presidente de la Comisión de Educación, Juan Carlos Romero Hicks afirmó que México necesita una política de Estado en el tema de la protección a niños, niñas y adolescentes, por lo que reiteró la disposición de los legisladores en “coadyuvar para su plena realización”.
“Hemos identificado temas que podemos enriquecer: queremos una ley que sea garantista, queremos revisar el diseño constitucional propuesto, que haya recursos necesarios para que esto funcione, que se distribuyan competencias de manera clara”, indicó.
Por su parte, la senadora Martha Elena Gómez García, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, agradeció a las organizaciones de la sociedad civil porque sus exposiciones serán de “muchísima ayuda para sacar una ley de altura para proteger, promover y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.
En su momento, la senadora panista Adriana Dávila Fernández afirmó que en la ley se debe establecer que los niños y niñas son seres humanos, además de que no deben verse como un ente separado de la familia.
Recordemos, agregó la presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, que uno de los derechos de los niños es tener una familia, llámese familia como sea, “porque el concepto de familia no lo debemos basar en sólo los padres que dieron la vida, basemos el concepto familia en su integralidad, porque es la institución que más hemos descuidado”.
En este sentido, pidió a los presidentes de las comisiones dictaminadoras que ya en el proceso de discusión de la iniciativa, se pueda hacer un ejercicio “en el que tengamos todavía retroalimentación de las organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo de los sistemas DIF de los estados, porque además son ellos quienes mejor conocen el tema de los presupuestos”.