Por Simón Vargas Aguilar
A partir de 2006, Nuevo León comenzó a experimentar un recrudecimiento de la violencia, como consecuencia de la lucha frontal contra el crimen organizado y derivado de la presencia militar en Tamaulipas, estado vecino.
Cables diplomáticos generados por el consulado de Estados Unidos en Monterrey entre 2007 y 2010, revelaron la percepción de Washington: Monterrey, el motor económico del norte de México se convertía gradualmente en una zona de narcoguerra, pese a los esfuerzos del gobierno mexicano.
El declive de Monterrey de «enclave económico» a “territorio zeta”; una metrópoli que ofrece refugio seguro, ingresos estables (mediante el cobro de extorsiones) y abasto de insumos a la organización delictiva de Los Zetas, así describió a la ciudad el entonces cónsul de Estados Unidos, Bruce Williamson.
Más adelante, en otro cable, Williamson alertó a Washington que las corporaciones policiacas de los tres niveles se encontraban «profundamente infiltradas» por el crimen organizado y la previsible guerra entre el cártel del Golfo y Los Zetas, organización que dominaba la ciudad hacía ya tiempo, finalmente había llegado a la entidad.
En 2007 se registró el asesinato de 29 policías, sin que las autoridades actuaran al respecto ni se detuviera a los responsables.
En 2008 los plagios se incrementaron, exhibiendo la falta de una unidad antisecuestros y descoordinación del gobierno estatal con las instancias federales.
El 6 de enero de 2009, las instalaciones de Televisa en Monterrey fueron atacadas con fusiles y una granada. En tanto, el 19 de enero y el 9 y 10 de febrero se registraron los primeros narcobloqueos, los cuales evidenciaron el dominio de los cárteles en la ciudad.
El 19 de marzo de 2010, Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo, estudiantes del ITESM, fallecieron frente al campus Monterrey en un fuego cruzado. El 6 de octubre del año pasado, Lucila Quintanilla, estudiante de la UANL, murió durante una balacera en la plaza Morelos.
El atentado al casino Royale el pasado jueves, en el cual fallecieron más de 50 personas, es una prueba más de las demostraciones de fuerza de los grupos delictivos y dejan entrever que están dispuestos a todo. Por ello, el presidente Felipe Calderón señaló que este ataque fue realizado por «verdaderos terroristas» y declaró tres días de luto nacional.
Los narcotraficantes han tomado Monterrey. Se infiltraron en la vida social en municipios como San Pedro Garza, en el cual algunos han establecido su lugar de residencia; llegaron a arrebatarles sirvientas y jardineros a los neoleoneses acaudalados; se apoderaron de los salones de belleza para convertirlos en negocios que son administrados por sus amantes; desplazaron a la tradicional clientela de las familias adineradas, y hoy son ellos los que gastan fuertes sumas de dinero en lujosas tiendas en exclusivos centros comerciales y suntuosas agencias automotrices.
Han logrado incorporarse en el ámbito financiero y de negocios a través de inversiones locales, inaugurando restaurantes o centros de diversión y esparcimiento; algunos otros han tendido lazos sanguíneos o políticos, emparentando con familias importantes en la región mediante el matrimonio, las relaciones extramaritales o el amasiato; sus hijos estudian en las mejores escuelas y universidades y comparten sus aulas con los hijos de prominentes empresarios y políticos.
Los narcotraficantes han transformado su rol social y han comenzado a erigirse como líderes en algunos ámbitos, respaldándose en el poder que les da el dinero que han ganado a través de actividades ilícitas y lícitas. Estos individuos se favorecieron, de manera colateral, de actividades como el juego, las apuestas –campo fértil para el lavado de dinero– en alguno de los más de 57 casinos establecidos en Monterrey en los últimos años; y ni qué decir de la trata de personas y la prostitución, la cual se percibe en la proliferación de spas, centros de belleza y masajes.
La vida en Monterrey cambió desde hace tiempo; todo mundo lo percibió pero no se actuó. Así pasó con México, en todo el territorio la población conoce quiénes son los criminales, sólo falta que las autoridades actúen; de lo contrario, la escalada de violencia seguirá creciendo hasta que alguien los detenga.