La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables aprobó por unanimidad reformas y adiciones a 15 artículos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, propuestas por diputados del PAN y Movimiento Ciudadano. Para este sector social se creará un Registro Nacional y una credencial nacional, y la ley se armonizará con otras para evitar que “sea letra muerta”.
Asimismo, aceptó reformas a los artículos 3, 7 y 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, propuestas por la legisladora del PAN, Martha Leticia Sosa Govea, a fin de promover la creación de establecimientos públicos, privados o sociales que ofrezcan servicios de asistencia social en forma temporal o permanente para esta población.
Estos cambios precisan las definiciones y atribuciones de albergue, residencia o centro de día y asilo o casa hogar, que son distintas modalidades para atender a los adultos de mayores en un marco de respeto y dignidad, para garantizarles calidad de vida en la última etapa de la vida, como una manera de revalorar su aportación al país.
La presidenta de la instancia parlamentaria, diputada Adriana Hernández Iñiguez (PRI), calificó las modificaciones como trascendentes, porque se reconocen en México los derechos de las personas con discapacidad y de adultos mayores. El Poder Legislativo paga una deuda pendiente con estos sectores, “sin colores” partidistas, sólo en busca del bien general, aseguró.
Durante la onceava reunión ordinaria de la comisión, la diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas (PRI), reseñó la serie de cambios a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, como la que propuso el diputado del PAN, Genaro Carreño Muro, para armonizar esta norma con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Con ello, en la integración y presidencia de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), suma a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y reconoce a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) como su presidenta.
La diputada del PRI, Aurora Denisse Ugalde Alegría, planteó armonizar la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, signada por México, para hacer más eficaz la legislación y corregir algunos aspectos.
Se aprobó incluir una perspectiva de género, para atender a mujeres discapacitadas con grado severo y las que viven en zonas rurales, y darles servicios de asistencia domiciliaria, residencial o comunitaria.
Por otra parte, se reconoce a los discapacitados la capacidad de ejercer y gozar de los derechos humanos, civiles, políticos y constitucionales ante la ley, que incluye el de la privacidad, la seguridad, la protección contra la tortura y tratos crueles inhumanos o degradantes, explotación, abusos, violencia y la atención en situaciones de riesgo o emergencia, y se garantice el acceso a la justicia.
Asimismo, la ley garantizará el acceso a la salud y al deporte y contemplará a las personas con discapacidad en los programas de orientación, educación y rehabilitación sexual y reproductiva; además, desaparece el concepto de Educación Especial que imparte el Estado para las personas discapacitadas.
Se busca la adecuación de la infraestructura para hacer accesible el acceso a la vivienda, instalaciones públicas y vía pública para alentar la autosuficiencia, con un diseño universal y carácter obligatorio, así como aprovechar la tecnología para acercarla a este sector en apoyo a la vida cotidiana, “hardware y software adecuados para las necesidades de las diferentes discapacidades”, indica la propuesta de Ugalde Alegría.
También pretende incorporar subtítulos y traducciones en películas distribuidas en el país, en apoyo a las personas con discapacidad auditiva, y garantizar el goce a bienes culturales.
Se establecerá el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, que no existe, para conocer de forma certera la condición y situación de este sector en toda la República, a fin de hacer propuestas que influyan en el diseño de políticas públicas en apoyo a la población con discapacidad.
Los diputados de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, presentaron reformas para que las viviendas nuevas y los edificios de instituciones públicas y privadas tengan rampas, elevadores y accesos fáciles para que las personas con discapacidad se desplacen fácilmente, cómodas y seguras en estos espacios.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) calificó estas reformas como “un gran paso que cubre una deuda pendiente” para avanzar en la dignificación de estos ciudadanos que merecen ser tratados con respeto”.
José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza, aseveró que aprobar estas reformas demuestran que “los diputados más allá de agendas políticas y sin colores, sí podemos ponernos de acuerdo en las demandas que exige la ciudadanía. Se abre una nueva etapa que da cauce a armonizar de forma transversal con otras leyes para garantizar su aplicación”.
Destacó que en pocos años el número de adultos mayores en México se incrementará, por lo que desde ahora “todos debemos prepararnos para asegurarles una vida plena y no dejarlos en el abandono”, y sugirió la optimización de recursos para que se diseñen programas específicos para los asilos y casas de asistencia, y promuevan una cultura de respeto e inclusión.