El Pleno de la Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a que refuerce las acciones que permitan garantizar el derecho al debido proceso de los mexicanos sujetos a algún juicio y sentenciados en el extranjero, y les otorgue la asistencia y protección consular oportuna y adecuada.
Además solicitó un pronunciamiento para que las autoridades de los Estados Unidos, específicamente del estado de Texas, atiendan el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, del 31 de marzo de 2004, el cual señala que se vulneró el derecho al debido proceso de 51 mexicanos sentenciados a muerte (caso Avena).
También la Cámara de Diputados pidió que todo connacional que sea juzgado cuente con la defensa jurídica que le reconoce la Constitución Política, incluyendo la presentación de todas las pruebas científicas y recursos procedentes que en derecho les corresponda.
En el mismo tono requirió a la SRE que implemente los mecanismos necesarios para que los funcionarios y asesores legales que presten servicios en los consulados mexicanos en el mundo, estén debidamente capacitados y actualizados en materia de procesos penales, derechos humanos y asistencia consular a nuestros connacionales.
Le solicitó que envíe un informe de las gestiones diplomáticas y legales que realiza a favor de los nacionales mexicanos condenados a la pena de muerte en Estados Unidos y en otros países.
El documento del punto de acuerdo señala que actualmente en los Estados Unidos se encuentran sentenciados a muerte aproximadamente 60 mexicanos y la próxima ejecución sería la del connacional Ramiro Hernández, programada para el próximo 9 de abril.
Refiere que el pasado 22 de enero fue ejecutado en el estado de Texas, el mexicano Édgar Tamayo Arias, no obstante las diversas solicitudes de la Cancillería mexicana al Congreso y al gobernador de esa entidad de la Unión Americana, para asegurar que se hubiere observado el debido proceso legal en el juicio.
Menciona que la ejecución de Tamayo Arias se llevó a cabo aun cuando la Corte Internacional de Justicia declaró que Estados Unidos vulneró los derechos del debido proceso del mexicano.