Los diputados federales Gloria Bautista Cuevas y José Antonio León Mendívil calificaron de graves las declaraciones del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Enrique Martínez y Martínez, del pasado 30 de junio, cuando sostuvo en un foro público que el trabajo de los niños en el campo “no les afecta, al contrario, los fortalece y dignifica”.
Lo anterior, advirtieron, “legítima las violaciones cotidianas que los patrones cometen contra las leyes mexicanas y tratados internacionales que protegen los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes”.
Propusieron un punto de acuerdo en la Permanente para que el funcionario federal aclare la posición oficial de la Sagarpa respecto a los derechos de infantes y adolescentes, ya que la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI reveló que el 30.5 por ciento de los dos millones y medio de menores y adolescentes mexicanos que trabajan, lo hacen en el campo.
Detallaron que durante el foro “Hacia Democratizar la Productividad Rural Sostenible”, Martínez y Martínez afirmó que el éxito de las exportaciones mexicanas “está en riesgo por estrategias de comercio mundial que imponen barreras no arancelarias como los derechos humanos, y por quienes confunden la agricultura familiar con explotación”, en alusión al trabajo de menores.
“Esta posición, hecha pública por un funcionario de primer nivel, podría implicar incluso el establecimiento de responsabilidad por omisión del Estado mexicano, pues éste tiene el imperativo jurídico de proteger los derechos humanos y los de niñas, niños y adolescentes”, subrayan en el documento que sustenta su propuesta.
Recordaron que Martínez y Martínez, también el 30 de junio, aseguró que “la postura y esfuerzos de Sagarpa no estarán compaginados con el exhorto de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)”. Dicho órgano internacional ha instado a los Estados parte a que difundan las garantías de los niños y tomen medidas para que puedan terminar sus ciclos de educación básica y accedan a un trabajo digno.
Esto, consideraron Bautista Cuevas y León Mendívil, “es muestra de que el titular de Sagarpa pretende colocarse en contra de los organismos internacionales responsables de vigilar los derechos de los menores”, por lo que su punto de acuerdo también insta al funcionario a definir su postura ante los mandatos de la CIDH.
Los legisladores refirieron que en las últimas tres décadas ha sido preocupación internacional legislar, concientizar y garantizar los derechos de los menores y adolescentes. En México, mencionaron, se reformó el Artículo 1 constitucional, además de que recientemente se avaló la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Por tanto, “nos parece muy grave que un secretario de Estado, en un foro público, establezca una postura institucional contraria a la legislación nacional sobre los derechos humanos y en particular los de las niñas, de los niños y de los adolescentes, incluso bajo el argumento de que el ejercicio de tales garantías ponen en riesgo las exportaciones mexicanas”, concluyeron.