El agente ministerial de hechos de tránsito será denunciado ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el estado de Morelos, Fernando Ramírez, por haber intentado torcer la ley en hecho menor y la preocupación es que este funcionario no garantice la justicia social que pregona el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu. La historia es la siguiente.

El 2 de febrero del año en curso el conductor de una camioneta propiedad de Ignacio Rodríguez Rances, se estrelló contra la pared principal de la casa propiedad de Fermín Barragán Hernández, en el municipio de Jocutla.

El afectado procede a presentar la denuncia correspondiente, porque los daños no solo fueron haber derribado la pared, sino que además el vehículo provocó serios deterioros a los muebles y artículos electrodomésticos.

Una vez presentada la denuncia, llegan al domicilio los peritos y evalúan los daños en solo once mil 134 pesos, cuando el afectado reclamó un aproximado de 40 mil pesos.

Los peritos no informaron las causas del percance, no obstante de que testigos presenciales aseguran que la unidad se quedó sin frenos y el conductor dirigió el vehículo hacia la pared del domicilio afectado.

El agente ministerial de hechos intentó sacudir el asunto y dijo al afectado que se pusiera de acuerdo con el dueño de la unidad y así lo tuvieron durante varios días.

Esto obligó a que Fermín Barragán solicitara los servicios de un abogado, quien al revisar el expediente descubrió una serie de irregularidades tendientes a proteger al propietario de la unidad, porque esta revisión ocurrió el 14 de febrero y el documento oficial decía que el caso es dio por cerrado el 28 de febrero.

Pero hubo más, pues el chofer responsable, Leonardo Rufino Morales, estuvo detenido solo tres días y lo dejaron en libertad porque, según dice el expediente, se le concedió el perdón, acción que el afectado nunca hizo y fue la propia autoridad quien estampó esta afirmación  apócrifa.

Así es como se tuerce la ley en esa municipio, donde muchos ciudadanos que conocieron el asunto, se preguntan que si en un caso de menores consecuencias hacen eso, qué no harán con cosas más importantes y de mayor repercusión penal.

¿Estará enterado el gobernador Graco Ramírez?