Exige atender petición de la ONU
Ante la Comisión Permanente, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, sostuvo que el caso de Iguala, “hasta que no se acredite lo contrario, estamos en presencia de desapariciones forzadas, entre otras violaciones a derechos humanos”.
Afirmó que la CNDH, en el nuevo enfoque para recuperar su esencia y volver a sus orígenes, exhortó al Ejecutivo federal a que acepte la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas para admitir peticiones individuales.
Del mismo modo, agregó, se hizo un llamado al Poder Legislativo a realizar las reformas pertinentes a fin de aprobar una Ley General en materia de desaparición forzada, que incluya la adecuación del tipo penal a los estándares internacionales, así como la obligación de implementar políticas públicas y protocolos para la búsqueda de personas desaparecidas.
Al presentar ante diputados y senadores el Informe Anual de Actividades 2014 de la CNDH, resaltó su transcendencia, después de un hecho tan deplorable como el de Iguala, pues “marca un antes y un después en la vida de México y la propia Comisión Nacional no puede seguir siendo la misma después de estos hechos”.
Aseveró que las investigaciones respectivas no podrán concluir hasta que todos los responsables sean juzgados y se aclare el destino de los estudiantes desaparecidos. “Indigna y agravia a todos los mexicanos y obliga a buscar la verdad”, apuntó.
Lo sucedido en Iguala es grave por su propia naturaleza, por su relevancia y proyección, afirmó. Es el ejemplo más significativo de lo que está mal en nuestra sociedad, sobre todo de la infiltración del crimen organizado en algunas estructuras del Estado, de la displicencia y omisiones. “Hay que desmontar ese entramado perverso de complicidades y colusiones cuyo trasfondo no es otro que la corrupción”, propuso.
Subrayó que no hay manera de recuperar la aparente normalidad que como país teníamos antes de los hechos de Iguala o Tlatlaya, porque era anómala, estaba asentada, en buena medida, en la simulación, la ausencia de información pertinente, la desidia, la indolencia y la falta de responsabilidad pública de quienes propiciaron ese estado de cosas.
Por ello, convocó a revisar autocríticamente el camino andado e intentemos reorientar nuestras acciones. “Entender la complejidad del enojo colectivo y el riesgo de erosión de la legitimidad de estructuras estatales, obliga a un cambio de actitud, de estrategia y de discurso”.
González Pérez apuntó que lo más relevante a reportar en materia de derechos humanos durante 2014 “es el despertar y toma de conciencia que hechos como Tlatlaya e Iguala han provocado en nuestra sociedad, así como el nuevo paradigma de actuación que las autoridades e instituciones tenemos que asumir a partir de ellos”, destacó.
Indicó que las manifestaciones de apoyo y solidaridad a las víctimas han sido acompañadas por la Comisión Nacional, la cual defiende la libertad de expresión y el derecho a la protesta social, consagrado en nuestras leyes.
“Son una expresión de hartazgo ante la impunidad, de indignación por la complicidad entre autoridades y delincuentes, y de inconformidad ante los abusos de poder y la falta de respuesta de las autoridades a las demandas por un país más justo e incluyente”, aseguró.
Sin embargo, sostuvo que estos derechos y libertades no son absolutos, sus límites son la afectación a terceros o la alteración del orden público, por lo que las manifestaciones deben mantenerse dentro de los límites de la legalidad, lo que a su vez las reviste de mayor legitimidad.
González Pérez apuntó que el compromiso de la CNDH es hacer efectivo el derecho a la verdad, el acompañamiento y la reparación integral del daño a las víctimas, con la garantía de no repetición, así como la rendición de cuentas y la sanción a los responsables.
“La ilegalidad, la violencia y el delito deben ser prevenidos y sancionados por la autoridad, en Guerrero y en cualquier otra parte del país”, resaltó.
Refirió que la institución solicitó medidas cautelares ante los hechos de Iguala; además, apoya y da seguimiento a la implementación de aquellas emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 3 de octubre del año pasado. Para la atención de este asunto y el acompañamiento a las víctimas, se creó una Oficina Especial en diciembre pasado, señaló.
El titular de la CNDH destacó que la lucha en contra de la impunidad y a favor de la vigencia del Estado democrático y social de derecho es hoy un clamor nacional. La condición para avanzar decididamente en este objetivo es combatir frontalmente la corrupción, que requiere la aplicación de controles más estrictos para propiciar una cultura de actuación institucional sustentada en el respeto a la ley, la austeridad y la integridad de los servidores públicos.